La prórroga de los presupuestos decretada por Pedro Sánchez, tras el adelanto electoral en Cataluña, pone en duda algunas de las medidas que dependían de la aprobación de las cuentas públicas de 2024. Es el caso de la quita de la deuda autonómica, el impuestazo a banca y energéticas e incluso la entrada de la SEPI en Telefónica. Pero también permite al Ejecutivo sacar provecho de la prórroga realizando un ajuste del gasto sin necesidad de tener que reconocerlo como tal y, por tanto, sin pagar ningún precio político. Además, con dicho recorte podrá vender en Bruselas que tiene los deberes hechos de cara a cumplir con los objetivos del déficit. Para lograrlo, el Gobierno se servirá de que la prórroga supondrá mantener sin cambios el techo de gasto fijado en 2023, de 198.221 millones. La cifra se verá automáticamente reducida por el efecto de la inflación, que alcanzó una media del 3,5%. Esto implica que dicho techo experimentará una reducción de unos 7.000 millones.
Una cifra con la que cumpliría con el recorte que buena parte de analistas y organismos recomienda para llegar a un déficit del 3%. A la vista está que con este solapado ajuste del gasto público, Sánchez logrará cumplir con Bruselas sin que ello le pase factura desde un punto de vista electoral. Ahora bien, esta maniobra vuelve a dejar claro que el Gobierno carece de una hoja de ruta consistente para reducir los desembolsos, lo que supone un riesgo no sólo ante la vuelta de los objetivos de estabilidad a la eurozona. También se debe tener en cuenta que los mercados tienen ya el foco puesto en los altos desequilibrios públicos que presentan los países, lo que puede disparar las primas de riesgo en cualquier momento.