Las comunidades autónomas serán las grandes perjudicadas si el Gobierno sigue adelante con sus planes e impone los objetivos de déficit enviados a Bruselas la pasada primavera, tras el veto del Senado a la senda de estabilidad. Pero no todas sufrirán en igual medida si el Ejecutivo impone ahora un déficit nulo a las CCAA en vez del 0,1% previo. El mayor golpe se lo llevarán la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña. No es casualidad que las tres primeras, que deberán aplicar un ajuste extraordinario de 617 millones, sean los grandes feudos regionales del PP. De hecho, la oposición apunta a una venganza por parte del Ejecutivo contra los populares por haber utilizado su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de déficit dibujada por la ministra María Jesús Montero. El cambio en las reglas fiscales se produce, además, en un momento en el que todas las autonomías, salvo Cataluña, tienen ya aprobados sus Presupuestos sobre la base de unos criterios diferentes a los que el Gobierno pretende fijar.
Con todo, este injusto castigo fiscal a las CCAA está aún en el aire, pese a que lo avala un informe de la Abogacía del Estado. De hecho, expertos fiscalistas ponen en duda que Moncloa pueda imponer unos objetivos de déficit sin contar con el visto bueno de la Cámara Alta. Un argumento al que se va a agarrar el PP para iniciar acciones jurídicas contra el Gobierno, algo que podría dilatar el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos. En vez de abocar a un escenario de incertidumbre, el Ejecutivo debería haber negociado con los populares, que pedían medidas sensatas, como ajuste del gasto y bajadas de algunos impuestos (IRPF e IVA), a cambio de apoyar los objetivos de estabilidad para este ejercicio.