El Gobierno cerró en enero un nuevo incremento del Salario Mínimo (SMI) del 5%, hasta 1.134 euros mensuales o 15.876 euros al año. Un alza que supone la cuarta consecutiva que se realiza sin acuerdo con la patronal y que llega tras un aumento de esta retribución de más del 60% desde 2018. Este desmedido incremento hace que el SMI supere ya el 60% del salario medio en 13 CCAA y tenga consecuencias negativas para el mercado de trabajo. Ello porque eleva los costes que las empresas pagan por los trabajadores, lo que reduce su productividad y su capacidad para invertir y crear empleo. Este escenario negativo se aprecia con claridad en aquellos sectores de menor valor añadido y en lo que los sueldos medios están más cerca del propio fijado en el SMI.
No en vano, la destrucción de empleo en estos ámbitos económicos ha sido dramática desde que en 2018 arrancaran las alzas de esta retribución. En concreto, la hostelería pierde el 20,3% de trabajadores, la agricultura el 41,9% y los empleadores domésticos sufren una caída del 45,9%. Pero donde se da el descenso más elevado es en el comercio minorista con una pérdida del 324,4% trabajadores desde 2018. En total, la destrucción de trabajo en estos sectores alcanza los 432.500 empleos. Una cifra que pone de manifiesto que los desmedidos aumentos del Salario Mínimo impulsados por la vicepresidenta Yolanda Díaz por motivos políticos, está lejos de ayudar a los más vulnerables. De hecho, el efecto que provoca es justo el contrario, ya que el aumento de la retribución castiga precisamente a los que cobran los salarios más bajos, que son precisamente aquellos a los que Díaz dice beneficiar con la subida de la retribución