La primera parte de la reforma de pensiones aprobada en 2021 introdujo medidas encaminadas a reducir la brecha que existe entre la edad real y la legal de jubilación. Es el caso de los nuevos coeficientes que penalizaban de forma más dura la jubilación anticipada y también de los incentivos para alargar la vida laboral. De hecho, el sistema recorta un 20% las prestaciones que reciben estos pensionistas si se retiran 24 meses antes de la edad oficial. Los efectos de ambas medidas ya se aprecian en la jubilación anticipada que cae hasta el 22,5% mientras que antes de la implementación de las medidas era del 27,5%. Pese a este descenso cada año se acogen a los retiros prematuros unas 120.000 personas. Y su acceso se produce a los 63,1 años, prácticamente dos años antes de la edad ordinaria que marca la ley, 65 años con al menos 38 cotizados. Esto tiene un alto coste para el sistema de pensiones.
En concreto, la Seguridad Social deja de ingresar cada año unos 4.000 millones en concepto de las cotizaciones sociales que dejan de abonar el trabajador y la empresa. Un elevado impacto que encuentra su explicación en que las personas que se jubilan antes de tiempo son aquellas que más cobran, por lo que pueden asumir el recorte en las pagas. Urge por ello seguir actuando en el futuro para reducir la elevada factura que para el sistema supone el retiro anticipado. Con ese objetivo, el Gobierno negociará este mes con los agentes sociales incentivos para reducir los llamados retiros involuntarios (aquellos en los que predominan desempleados de largo duración, que enlazan el paro con la pensión), que suponen 20.000 cada año, y que suponen casi el 17% del total de personas que se acogen a la jubilación anticipada.
