La plantilla de trabajadores de las administraciones públicas ha registrado un repunte del 11%. Ello después de que las estadísticas que elabora el departamento de Función Pública sumaran a 294.000 trabajadores con contratos eventuales o interinos de muy corta duración, así como a personal en prácticas. Aunque el ajuste se realizó cuando estas competencias dependían del Ministerio de Hacienda, solo se ha conocido al ser transferidas al de Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá. Con este ejercicio de transparencia las cifras se acercan más a las que publica cada mes la Seguridad Social, cuyas responsabilidad desempeñó en la anterior legislatura el mismo Escrivá. Pese a ello, ambas fuentes presentan profundas discrepancias sobre la evolución del funcionariado en España.
Los datos de Función Pública inciden en que el incremento se debe al ajuste estadístico y señala a las comunidades autónomas. Pero los de afiliación revelan un aumento interanual del 3,5% del empleo público en 2023. Un porcentaje que se eleva al 8% en la administración central, que depende de las decisiones del Gobierno. Una interpretación de las cifras que minimiza el récord en la oferta de empleo público del que el propio Pedro Sánchez presumió el pasado año. Pero también de la inflación de asesores 'de confianza' del que claramente es el Consejo de Ministros más sobredimensionado de la historia democrática. En cualquier caso, que las nuevas cifras reconozcan que casi 300.000 trabajadores públicos sufren las condiciones precarias que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, achaca el sector privado es un indicio de un doble rasero laboral cada vez más escandaloso.
