Tras subir el Salario Mínimo al margen de la CEOE, la vicepresidenta Yolanda Díaz arrancará esta semana la negociación con los agentes sociales para reducir la jornada semanal de 40 a 37,5 horas. Un recorte que se realizará sin disminución del salario.
Por tanto, la medida tal y como se plantea tendrá efectos en los costes laborales de las empresas, ya que supone pagar lo mismo a los empleados por menos horas de trabajo. La consecuencia directa de ello será una caída de la productividad. Una variable en la que España está a la cola de la OCDE y que impide que se recorte la brecha en riqueza que nos separa de nuestros vecinos europeos. Pero además, la baja productividad también es una de las razones que lleven a que este país tenga una de las mayores tasas de subempleo (personas que quieren trabajar más horas, pero no lo consiguen) de la UE. Esto se debe a la precariedad de nuestro mercado laboral y a la excesiva rotación, problemas que siguen sin resolverse tras la reforma laboral. Buena prueba de ello es que pese al récord de asalariados, el total de horas trabajadas sigue por debajo de las que había en 2008. De hecho, la jornada laboral real en España fue en 2023 de 35,5 horas semanalas según la EPA, dos menos que el objetivo que ahora persigue Díaz. En este escenario, la idea de reducir el tiempo oficial de trabajo resulta más propio de un gobierno que necesita contar un 'relato' social de su gestión con medidas llamativas que un plan para resolver las ineficiencias del mercado laboral. Es más, el recorte de horas añadirá más leña al fuego ya que generará una caída de la productividad y la competitividad de las empresas que, obviamente, tendrá un fuerte impacto en su capacidad para invertir y crear empleo.
