A veces, cuando uno lee un informe oficial se lleva sorpresas y no encuentra lo que busca. En la opinión oficial de la Comisión Europea sobre el borrador de plan presupuestario (DBP por sus siglas en inglés), no señala expresamente que la situación fiscal española sea "muy difícil" (very challenging), que ha sido, de una forma u otra, el titular en toda la prensa. Esto parece querer decir que los portavoces de la Comisión han sido más críticos que el informe que la propia Comisión ha emitido.
Como recordaba Nadia Calviño en su discurso en La Noche de la Economía, en donde se entregaban los premios de El Economista, la Comisión consideraba que el DBP español estaba en línea con las recomendaciones europeas. Esto es cierto, pero también lo es que a "España se le invita" a que envíe un nuevo plan actualizado tan pronto como haya nuevo gobierno, y como máximo un mes antes del plazo en que se vaya a tramitar ante el Parlamento Nacional.
Otra cuestión que no parece cuadrar con la valoración transmitida a los medios de comunicación, y sí con el aval, provisional, al documento, son las cifras de la propia Comisión Europea. Según las autoridades europeas, España no cumplirá con el objetivo ni este año, en el que no hay reglas fiscales, ni en el próximo, que sí las hay. Sin embargo, el incumplimiento será sólo por dos décimas en 2023, que se arrastrarán a 2024, en el que el déficit será del 3,2%. ¿Deberíamos preocuparnos tanto por dos décimas? Como señalaba, acertadamente, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro "No muera usted por una décima". Si todo el problema de la situación fiscal en España son dos décimas, entonces no tenemos un problema, y la situación fiscal no es "muy difícil".
Sin embargo, la situación fiscal y presupuestaria en España dista de ser precisamente sencilla, por razones económicas, jurídicas y políticas, que están detrás de la valoración de la Comisión Europea. Empezando por las cuestiones económicas, en los ocho primeros meses del año, el déficit del conjunto de Administraciones Públicas (excluida la local) ha disminuido una décima. De hecho, el desequilibrio de las cuentas públicas aumentó en algo más de mil millones de euros, pero se redujo ligeramente respecto del PIB por el crecimiento y la inflación. Este 2023 habría que reducir el déficit en ocho décimas (según el Gobierno) y en seis, según la Comisión, lo que habría que hacer, casi en su totalidad, en cuatro meses.
Esto no parece fácil, pero, además, el crecimiento y la demanda interna se están ralentizando. Esto supone que el crecimiento de ingresos públicos se reduzca y que los gastos públicos crezcan más, fundamentalmente por prestaciones y subsidios por desempleo. Así, la recaudación de impuestos de la Agencia Tributaria, que el año pasado estaba creciendo por estas fechas por encima del 18% (acumulado a septiembre de 2022), ahora lo están haciendo, en el acumulado de los nueve primeros meses de este año, respecto al año anterior, al 4,5%. Lo más probable es que a corto plazo esto se acentúe porque cuanto más recientes son los datos, peores son. Así, el consumo se ha ido debilitando, pero los últimos datos de ventas interiores de las grandes empresas están ya en negativo. Esto se puede ver también en los datos de empleo de octubre, que ya son malos, después de que el empleo hubiese aguantado sorprendentemente bien hasta hace poco. La recesión europea (y mundial) ya está llegando a España, y esto, también se acabará notando en el déficit.
La previsión es que el crecimiento económico se recupere de este bache en 2024. Pero, si la coyuntura internacional empeorase, por ejemplo, porque el conflicto en Oriente Medio se regionalizase, entonces el crecimiento económico se resentiría aún más, y la inflación también sería superior. Incluso, aunque así no fuese, sería complicado y duro, por razones puramente económicas, llevar el déficit al entorno del 3%. Pensemos, simplemente, en que el próximo año pagaremos muchos más intereses por la deuda, porque hay que renovar deuda, y financiar el déficit de cada año, a unos tipos más elevados.
Cuando se habla de deuda "bastante elevada", no sólo hay que tener en cuenta el dato bruto, sino la previsión de que los tipos de interés no se pueden reducir sustancialmente a largo plazo. La razón es que hay más de 3,5 billones de euros en la facilidad de depósito del BCE, que están ahí porque los bancos cobran un 4%. Si estos tipos se redujesen, los bancos los prestarían, con lo que volveríamos a estar inundados de liquidez, con lo que la inflación volvería a aumentar. Otra derivada fiscal de esto es que los Bancos Centrales entran en pérdidas, ya que la rentabilidad de sus títulos de deuda pública antigua es muy inferior, de media, al 4% que pagan a los bancos por aparcar su liquidez. Estas pérdidas hacen que no se pueda contar en los próximos años con dividendos del Banco de España en el Tesoro Público.
A corto plazo, cuestiones políticas y jurídicas complican, además, la situación fiscal y presupuestaria. Para cumplir el objetivo de déficit del DBP, las CCAA deberían reducir sustancialmente el déficit en siete décimas, del 0,8% del PIB hasta el 0,1% del PIB. Esto resulta complicado por varias razones. En primer término, porque el año que viene las CCAA recibirán una liquidación positiva de unos 14.000 millones de euros por la recaudación, muy por encima de las previsiones de IRPF e IVA en 2022. Además, si se cumplen algunos pactos de investidura, además de aumentar el desequilibrio fiscal por aumento de gastos, habrá quitas de deuda autonómica, lo que, sin entrar en otras consideraciones, supone que las CCAA tendrán que pagar menos intereses y amortizaciones del FLA, es decir podrán gastar más. Y parece complicado que haya algunos grupos políticos que apoyen que las CCAA no se gasten este dinero adicional para cumplir los objetivos de déficit, especialmente si hay elecciones autonómicas previstas en 2024 y 2025.
El instrumento jurídico para limitar el déficit de las Administraciones es el acuerdo del Consejo de ministros, que aprueba los objetivos de déficit. Como ya advertíamos en julio, con la actual Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, este acuerdo se tiene que aprobar tanto en el Congreso como en el Senado. La aprobación de este acuerdo es el paso previo para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. No va a resultar sencillo que haya una mayoría en el Congreso que respalde, primero los objetivos de déficit, y luego unos Presupuestos que deberían ser restrictivos, si se quiere cumplir con la regla de gasto y los compromisos europeos. Pero, además, en el Senado, el PP tiene mayoría absoluta, lo que le permitiría vetar los objetivos de déficit. Para que el Congreso pudiese levantar este veto, previamente habría que modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, lo que es un procedimiento legislativo que llevará tiempo y que exige mayoría absoluta en el Congreso.
En términos globales, la deuda es bastante elevada, y la carga que supone se irá haciendo más pesada. Por eso sí se necesita, como ahora solicita la Comisión Europea, "una estrategia creíble a largo plazo". La situación fiscal no es sencilla, tampoco a corto plazo. No tenemos, al menos todavía, una tormenta, pero hay mucha incertidumbre, como la de una noche oscura, y somos más vulnerables, entre otras cuestiones por la situación fiscal. Con todo, para mí, el principal elemento de preocupación es el deterioro institucional y la indignación social que se está produciendo. Como señala Patrick Rothfuss en su muy recomendable cuento, El nombre del viento, "un hombre sabio sólo debe temer las noches sin luna, la tormenta en el mar, y, sobre todo, la ira de un hombre tranquilo".