El pacto del PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez incluye reconocer la singularidad de Cataluña en la financiación territorial. Esto supone igualdad a dicha comunidad autónoma con el País Vasco y Navarra, lo que abre la puerta a la cesión de impuestos a la Generalitat.
Para ello, el Gobierno tendría que cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que como cualquier ley orgánica se puede modificar sin consenso. De hecho, basta con lograr la mayoría absoluta en el Congreso (176 votos). Es decir, Moncloa tiene prácticamente en su mano la cesión de hasta el 100% de tributos como el IRPF, IVA y Sociedades a Cataluña. Una medida que podrá tomar sin consultar y sin el acuerdo del resto de autonomías. Ello pese a que la ruptura del régimen común de financiación autonómica tendría un coste para España de más de 42.000 millones, si se suma la condonación de la deuda catalana contraída en el FLA.
Un elevado peaje que es inasumible para las cuentas públicas y que pone en peligro la prestación de servicios esenciales, como la Educación o la Sanidad. Ante este elevado peligro resulta incomprensible que la LOFCA no se haya reformado en el pasado para dificultar o directamente impedir que se pudieran hacer tales concesiones tributarias a un territorio determinado. Más aún cuando dicha normativa debería haberse cambiado ya en 2014, fecha en la que ya era conocido el interés del secesionismo catalán por lograr su llamada "independencia fiscal". La desidia de los gobiernos centrales ha permitido que persista esta grave deficiencia en la LOFCA que puede generar un grave perjuicio a la mayoría de los contribuyentes de España.
