El entramado impositivo al que las empresas españolas de origen, o radicadas en este territorio, tienen que someterse convierte a nuestro país en la tercera economía que más grava a las corporaciones de toda la UE de 27 países, según las principales clasificaciones globales especializadas. La asfixia que las sociedades experimentan en España se calibra de modo más exacto dejando fuera del ranking a pequeños Estados como los bálticos, capaces por su tamaño de dotarse de mayor flexibilidad en este ámbito.
Una vez hecho ese cribado, nuestro país sigue saliendo mal parado debido a que, entre los grandes del euro, solo Francia (caracterizada tradicionalmente por el gran tamaño de su sector público) muestra un peor posicionamiento. Con todo, más desalentador que estos resultados, correspondientes a los últimos años, resulta la nula esperanza de que el entorno fiscal que afronta el tejido empresarial esté en condiciones de mejorar. Todo lo contrario es lo que hay que temer a la luz del reciente acuerdo de investidura de PSOE y Sumar. En el texto de ese pacto se recoge la pretensión de hacer permanentes los gravámenes excepcionales creados para los sectores bancario y energético (sin cambiar el diseño que penaliza los ingresos y no los beneficios efectivos de las compañías). Aún más grave es la reforma que se prevé para endurecer Sociedades, aun cuando dicho cambio transgreda los tratados contrarios a la doble imposición, y atente incluso contra disposiciones constitucionales. Queda así afianzada, cuando no ahondada, la peligrosa deriva que los Ejecutivos comandados por Pedro Sánchez iniciaron en 2018, dirigida a someter a un injustificable acoso fiscal a las empresas.
