La política económica del Gobierno ha estirado tanto sus costuras, que la consolidación de nuestras cuentas públicas es cada día más difícil. Asentar el avance del PIB en la deuda sólo permite ir tirando con una política monetaria expansiva, pero la inflación ha obligado a cambiarla y, en pocos meses, lo hará la política fiscal.
Esta puede ser la razón por la que el Gobierno ha decidido excluir del Plan Presupuestario enviado a Bruselas, las ayudas destinadas a combatir la inflación para aliviar a las familias y a las empresas de los costes derivados de la misma. Con independencia del escaso éxito que han tenido, vista la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los españoles y el imperceptible impacto en elementos básicos de la cesta de la compra, con lo que esto implica para las familias con menor renta y, por tanto, con mayor propensión marginal a consumir, ha supuesto un gasto de casi el 5% del PIB desde que se pusieron en marcha (50.000 millones de euros), aunque haya sido en momentos en los que Hacienda batía récords históricos de recaudación.
En concreto, el Plan Presupuestario consigna la recuperación de unos ingresos públicos que proceden de devolver el IVA del 0% al 4% para los productos básicos y del 5% al 10% de aceites y pastas; los derivados de recuperar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, los de subir del 0,5% al 5,11% el impuesto especial a la electricidad, volver el IVA de esta al 21% y eliminar la rebaja al 5% del IVA del gas, la madera y los pellets. En este sentido, sólo se mantendrían las ayudas al transporte público para el que se consigna un gasto de 1.440 millones de euros. Aún así, estamos ante la recuperación por parte del Ministerio de Hacienda de casi 5.000 millones de euros (4.895 millones) para el próximo año.
Hace tiempo que el Banco Central Europeo, la AIReF o el Banco de España han reiterado la necesidad de aplicar estas medidas selectivamente ante la inminente obligación de consolidar las cuentas públicas, entre otras razones, por el eventual regreso a las reglas fiscales suspendidas por la pandemia. Porque, siendo cierto que no sabemos en qué consistirán finalmente ante las dificultades para llegar a un acuerdo en el seno de la Unión, sí conocemos que el Gobierno español ha fracasado en su intento de inclinar la decisión en favor de los países que, como el nuestro, querían una consolidación fiscal a la carta, a pesar de que este semestre ocupábamos la presidencia rotatoria del Consejo, y la responsabilidad de llegar a una posición común se ha entregado a Francia y Alemania. Sea como fuere, si no es posible encontrarla, se activarán las reglas fiscales suspendidas, lo que nos obligará como país a no superar el déficit del 3% del PIB, si queremos evitar la apertura de un procedimiento por déficit excesivo.
Conociendo la trayectoria de los responsables económicos del Gobierno y, en general, de la izquierda española, es previsible acertar si anticipamos que llegado el caso, no tomarán una sola medida de recuperación de ingresos, como las indicadas en el Plan Presupuestario, porque eso les llevaría a romper el discurso económico que han mantenido tanto en la lucha contra la inflación, como en la política fiscal. Seguirán incrementando el gasto público y, como nos han recordado en el acuerdo entre Pedro Sánchez y Sumar, con la aquiescencia de los independentistas y nacionalistas que les apoyan, su propósito será elevar la presión fiscal hasta el 46% del PIB, casi 40.000 millones de euros, en la próxima legislatura centrándose en las empresas, a las que obligarán a tributar Sociedades sobre el resultado contable y no sobre la base imponible; mantendrán el impuesto, anunciado como temporal, a bancos y energéticas; les harán asumir los costes derivados de la subida del salario mínimo interprofesional, los de la reducción de la jornada laboral y, a la vista de cómo están evolucionando de las pensiones, tendrán que enfrentarse a la subida de cotizaciones en 2025.
El gobierno no reconocerá la falsedad que envuelve su triunfalismo y el fracaso de su política de crecimiento basado en la deuda. Por eso, mientras se acerca el momento de cumplir con sus obligaciones con las cuentas públicas, está buscando a quién hacer culpable de su derrota. A estas alturas, ya es consciente de que alargar lo que está haciendo es imposible y necesita encontrar un chivo expiatorio, alguien sobre quién descargar las culpas del fracaso de una política que, como se señalaba, sólo es viable endeudándose y con una política monetaria y fiscal laxa. Sin sonrojarse lo más mínimo parece haberlo encontrado en las CCAA gobernadas por el Partido Popular, aunque antes del 28 de mayo solo fueran cinco, pero no les perdonan que sepan bajar impuestos, controlar la deuda y mejorar los servicios públicos.