Un informe de la OCDE desvela que la pensión de jubilación en España supone el 89,2% del salario medio de 2020. Esta tasa de sustitución está formulada en términos netos. Es decir, descontando el pago de IRPF de las prestaciones, además del propio impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales de los salarios.
El porcentaje final supera con creces la media de la OCDE (62%) y de la UE (68%), lo que refleja el ventajoso sistema de pensiones nacional. Tanto es así que es el tercero más beneficioso para los jubilados dentro de los Veintisiete y el cuarto entre las economías desarrolladas. De hecho implica que un trabajador que ganó una media de 1.000 euros después de impuestos durante su carrera laboral perciba una prestación tras su retiro de 890 euros limpios.
Estos datos muestran con claridad la generosidad de las pensiones en España. Un factor que debería haber tenido en cuenta el ministro José Luis Escrivá a la hora de elaborar su reforma. Sin duda, la brecha con respecto a nuestros vecinos europeos y con los países de la OCDE evidencia que existía margen más que suficiente para haber incluido medidas como el cómputo de toda la carrera laboral para el cálculo de la base reguladora en las pensiones.
Una iniciativa que estuvo sobre la mesa pero que finalmente se desechó. Por el contrario, el ministro optó por una normativa que eludió cualquier medida para la racionalización del gasto (de hecho lo elevó al ligar a la inflación el alza de las nóminas) y se centró en castigar a empresas y trabajadores (especialmente a los sueldos altos) para obtener más ingresos. Esto ha dado forma a una reforma que está muy lejos de resolver los desequilibrios del sistema de pensiones.
