El Gobierno estudia soluciones para Telefónica tras la decisión de la saudí STC de renunciar al 5% que mantiene en derivados y conformarse con el 4,9% que posee en la actualidad. Una de ellas pasa porque la Sepi adquiera el total o parte de esa participación valorada en más de 1.000 millones.
Para trocear el desembolso, el Ejecutivo ha sondeado a inversores relevantes para reforzar la "españolidad" de una empresa que considera estratégica. La puerta de Amancio Ortega es una de las que han tocado. Algo lógico habida cuenta de que el empresario participa con un 5% en dos firmas en las que el Estado también está presente, como Enagás, o Redeia.
Además, las relaciones de Ortega con la propia Telefónica son excelentes, como refleja su participación del 30% en Telxius, donde la teleco tiene el 70% restante. Pese a ello, el empresario gallego ha declinado la propuesta de entrar en el capital de Telefónica. La razón que ha expuesto es que sus inversiones se destinan a compañías cuyo negocio se centra en las relaciones comerciales que tienen con otras empresas y no venden directamente al consumidor.
Una estrategia con la que Ortega evita los problemas de las firmas que trabajan directamente con el cliente final que puedan generar ataques que comprometan su prestigio y el de Inditex. Pero además, con su argumentada decisión, Ortega se evita los inconvenientes que la presencia pública generaría en Telefónica. Una empresa que al contrario que Redeia y Enagas no está en un sector tan regulado y con ingresos predecibles, por lo que debe luchar por cada cliente en un mercado ultracompetitivo.
Un reto que requiere la agilidad en la toma de decisiones que no posee una firma pública y que, por ello, impediría a Ortega obtener un retorno adecuada a su inversión.