El pasado 13 de octubre Pedro Sánchez se reunió con los representantes de EH Bildu en la ronda de contactos para su investidura. Fue la primera vez que un presidente del Gobierno concertaba un encuentro con la izquierda abertzale. Vaya por delante que esta formación es un partido legal desde que el Tribunal Constitucional así lo decidiera en 2011 por 6 votos a 5. Pero su continua falta de contundencia a la hora de rechazar y condenar el terrorismo de ETA, que dejó más de 800 asesinatos hasta que abandonó las armas en 2011 y se disolvió en 2018, constituye una grave anomalía en el Congreso de los diputados.
Algo a lo que EH Bildu contribuyó este mismo año al presentar a las autonómicas y municipales del 28-M siete candidatos con delitos de sangre y pasado en la propia ETA, nombres que finalmente se vio obligado a retirar de las candidaturas. Pues bien, a esta clara anomalía política suma la económica y no solo por su ideas radicales.
Así lo estima el Tribunal de Cuentas que en un informe detalla múltiples irregularidades en la gestión que el partido ha llevado a cabo durante los ejercicios 2018 y 2019. En el texto, el Tribunal denuncia la existencia de sedes sin declarar, alquileres sin contrato, movimientos en las cuentas que no cuadran y desviaciones contables en las sociedades mercantiles tenedoras de los inmuebles.
Es más, el informe concluye con un contundente mensaje: "las cuentas anuales no presentan fielmente la situación financiera y patrimonial de la formación". EH Bildu suma así a su grave anomalía política la económica que lo convierte en un pésimo compañero de viaje para España y para el propio Pedro Sánchez en caso de que finalmente logre reeditar el Gobierno de coalición.
