Los vencimientos de la deuda acechan a las cuentas catalanas, que deberán asumir el desembolso de 31.868 millones entre el 2024 y el 2028. Un incremento del 13% respecto a la legislatura pasada que es consecuencia directa de una mala gestión presupuestaria. De hecho, es el resultado de un largo periodo en el que los gobiernos catalanes se han servido de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para nutrirse de la liquidez que la Administración central liberaba.
El problema es que los diferentes Governs se han centrado en sus reivindicaciones soberanistas y no aprovecharon esa ventaja para llevar a cabo una política de contención presupuestaria. Muy al contrario, Cataluña registra desde 2012 el mayor nivel de gasto autonómico de toda España. Fruto de ello, la deuda de esta CCAA con el FLA es de más de 73.000 millones. A esto se añade el coste derivado de los intereses de la deuda que en 2026 crecerán un 104%, hasta alcanzar los 2.412 millones. Una situación que contrasta, por ejemplo, con la de Madrid cuyos gobiernos decidieron desde el principio financiarse por sus propios medios y ahora, además, cuentan con un endeudamiento muy reducido (apenas 37.658 millones). Cataluña, por tanto, se enfrenta a un delicado contexto financiero que el próximo Govern (hay elecciones en 2025) podría atajar con sus propios medios a través de una mejora de la gestión. Pero la realidad es que ERC y Junts ya negocian con Pedro Sánchez deshacerse de parte del pasivo a cambio de dar sus votos para la investidura. Ceder en este punto y ofrecer una quita a la deuda catalana sería un trato de favor inaceptable para las regiones que han cumplido los deberes, como Madrid.
