El Gobierno advierte a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario que envió recientemente a Bruselas del "deterioro" que las rebajas fiscales aprobadas por varios gobiernos autonómicos pueden provocar sobre el déficit. En concreto, el Ejecutivo detalla que los recortes en el tramo autonómico del IRPF mermarán la recaudación en 1.728 millones en 2024. Una cifra a la que hay que sumar 297 millones por las bonificaciones en Sucesiones y 24 millones por Patrimonio, hasta un total de 2.050 millones.
El Gobierno parece excusarse de manera anticipada ante el regreso de las reglas fiscales en la eurozona, cuya hoja de ruta aún se discute. Pero esta advertencia también tiene lectura en clave nacional, ya que refleja la guerra fiscal de Moncloa contra las autonomía gobernadas por el PP. Y es que son estas regiones las que precisamente han realizado unas rebajas impositivas que son contrarias estrategia fiscal del Gobierno basada en subir aún más los tributos. Las CCAA deben cerrar el próximo ejercicio con el 0% de déficit como exige el propio Plan Presupuestario. Pero el Gobierno no debe olvidar que la Constitución y la UE avalan que las regiones compitan fiscalmente entre ellas para atraer inversiones. No cabe, por ello, culpar a las autonomías de nada cuanto están legitimadas para realizar los recortes que consideren necesarios en los tributos autonómicos mientras cumplan los objetivos de déficit. Asimismo, resulta injusto trasladar a las CCAA la responsabilidad de cuadrar las cuentas cuando el propio Ejecutivo carece de hoja de ruta para recortar el gasto. Un plan que es lo que se necesitaría para cumplir con las reglas de estabilidad europeas sin castigar a los contribuyentes y empresas con más impuestos que frenan la actividad y el consumo.
