El Gobierno ha trasladado a Bruselas un informe con proyecciones de gasto e ingresos para argumentar la reforma de pensiones. En el texto, se cuantifica el impacto por tramos salariales de medidas enfocadas a elevar los ingresos, como la progresiva subida de las bases máximas de cotización, el nuevo MEI o la cuota de solidaridad.
Todos los trabajadores verán reducida su nómina, pero aún más los que perciben sueldos más altos. Así, aquellos que cobran entre 70.000 y 90.000 euros al año incrementarán su cotización en 9,5 puntos en diez años, lo que supondrá una factura de 6.500 euros adicionales. Un elevado esfuerzo que no se verá recompensando en igual medida a la hora del retiro, ya que la subida de la base máxima de cotización aumenta con el IPC más 1,2 puntos adicionales. Queda así claro que la reforma de Escrivá castiga en mayor medida a los sueldos altos. Tanto es así que la cuña fiscal (que suma las aportaciones a la Seguridad Social y el IRPF), supera el 60% en el caso de los salarios de 70.000 a 80.000 euros. Es decir, seis de cada diez euros de la nómina van a las arcas públicas. Un porcentaje confiscatorio que desincentiva la permanencia de los trabajadores más cualificados en España y nos priva de un importante capital intelectual. Asimismo, el mayor golpe a estos cotizantes también manda un mensaje negativo a los inversores extranjeros, que se llevarán su dinero a otro territorio con menor voracidad recaudatoria. Y por si fuera poco castiga a personas con capacidad para gastar, lo que frena el consumo. La reforma, en definitiva, es negativa para la economía, el mercado laboral y las empresas. Pero además, es insuficiente para paliar los desequilibrios del sistema al obviar cualquier medida para racionalizar el gasto en pensiones.
