En la primera versión del Plan de Recuperación enviada a Bruselas en 2021, el Gobierno aseguraba que realizaría "una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes". La actualización de dicho plan (la llamada adenda) sí incluye algunos cambios, pero el Ejecutivo suscribe punto por punto lo dicho en 2021 sobre las deducciones. Tampoco varía la guía que el Gobierno tomará para identificar dichas deducciones que pone en tela de juicio.
De hecho, su referencia es la evaluación de la AIReF que identifica cerca de 8.300 millones en beneficios fiscales del IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales. En total serían media docena de subvenciones las que el Gobierno ha puesto el foco. Todo apunta, por tanto, a una nueva ofensiva fiscal ante el regreso de las reglas de estabilidad en la eurozona el próximo año, que exigirán una senda de reducción del déficit público. El Ejecutivo parece así comprometerse con la UE a imponer un mayor castigo fiscal pese a que en España se limita a anunciar medidas como la eliminación de los peajes. Es más, el Libro Blanco del llamado comité de expertos del Ministerio de Hacienda, que se dio a conocer a principios del año pasado, ahonda en la misma dirección. Tanto es así que la muy popular reducción por tributación conjunta (el beneficio al que recurren los cónyuges cuando uno de ellos trabaja o existe una gran diferencia de ingresos entre ambos) está bajo la lupa tanto en el citado Libro Blanco como en la evaluación de la AIReF. Esto supone otra clara señal de que el Ejecutivo tiene un plan para elevar los ingresos fiscales que aún no quiere dar a conocer. Pero, en cambio, carece de una hoja de ruta para reducir el gasto, que es lo que habría que llevar a cabo ante la vuelta de las reglas fiscales en la UE.
