El Gobierno se comprometió en 2021 con Bruselas a "desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad" para cubrir "los costes de mantenimiento de las carreteras". Pese a ello, ahora ultima con la UE un acuerdo para anular la medida a cambio de acelerar la implantación del ferrocarril, lo que reduciría el uso de las carreteras y, en consecuencia, su coste de conservación. El Gobierno ni se molesta en cuantificar este descenso de la factura, pero es evidente que resulta insuficiente para hacer frente a un gasto que alcanzó los 1.370 millones en 2022. De hecho, el sector calcula que eliminar los peajes elevará en 550 millones anuales el déficit que se generará en la red. Un pasivo que acabaremos pagando todos y no solo aquellos que utilizan las autopistas.
