El Gobierno está cerca de salirse con la suya respecto al pago por uso en las autovías de gran capacidad. De hecho, ultima con Bruselas anular el plan para implantar nuevos peajes, pese a que Pedro Sánchez se comprometió a ponerlos en marcha en 2024.
Una promesa de la que luego se retractó por motivos electorales. A cambio de retirar los peajes, el Ejecutivo se compromete ahora a desarrollar autopistas ferroviarias, afianzar la movilidad sostenible y fomentar el transporte público. Es decir, serán ahora todos los ciudadanos los que sufraguen el mantenimiento de las carreteras a través de las Zonas de Bajas Emisiones o en sus billetes de tren, lo que supone un coste anual de más de 1.200 millones, con un déficit acumulado que roza 10.000 millones. Una solución peor que la propuesta de la UE que estaba basada en el pago por kilometraje. Una progresividad que hacía que aquellos que usaran más este tipo de carreteras, pagaran una factura más elevada.
