Los resultados del 23-J dejaron un complejo panorama en el que la formación de un nuevo gobierno parece una utopía a corto plazo. Una situación que aboca a España a afrontar 2024 sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, ya que las cuentas deberían presentarse a tres meses del cierre del año. Una fecha imposible de cumplir sin un Ejecutivo con plenos poderes y que obligará a nuestro país a prorrogar las actuales partidas de ingresos y gastos.
Entre ellas se encuentran las transferencias del Estado a la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema. En 2023 dicho organismo recibió una inyección de 38.722 millones. Una cifra que volverá a percibir en 2024 ya que el sistema es deficitario desde 2011 y la Seguridad Social necesita los traspasos del Estado dentro de los Presupuestos para abonar las actuales pensiones además de las prestaciones no contributivas.
Por si fuera poco, el año próximo habrá otro incremento ligado a la inflación (que puede rondar el 4%), ya que la revalorización de las pagas está blindada con independencia que haya o no nuevos Presupuestos. Esto elevará aún más el gasto actual en pensiones, que ya es de récord. Pero además, seguirán actuando fuerzas como el creciente número de jubilaciones, con altos sueldos acumulados tras de sí, que reclaman pensiones más altas.
La Seguridad Social está condenada así a impulsar su gasto ante la falta de mecanismos que racionalicen esta partida. En este contexto, la última reforma de pensiones supone una oportunidad por completo perdida desde este punto de vista. No en vano lo fió todo a un alza de cotizaciones sociales y al maquillaje estadístico de las transferencias del Estado que serán por completo insuficiente para corregir el hondo desequilibrio del sistema.
