El presente año será recordado como uno de los mejores ejemplo de los problemas que provoca vincular directamente el gasto en pensiones con la inflación, sin que intervenga factor corrector alguno.
El pasado año terminó con un IPC récord que se tomó en su totalidad como referencia para revalorizar esas prestaciones en 2023. Las consecuencias no tardaron en verse ya que, cada mes, el gasto público correspondiente a esta rúbrica ha superado los 12.000 millones, sin contar la paga extra de verano.
El resultado final será todavía más llamativo porque, según las últimas previsiones, se acumulará un desembolso al cierre de este ejercicio equivalente al 14% del PIB.
Es una cota nunca vista (con la excepción de un año anómalo como 2020) que está lejos de constituir un techo. No debe olvidarse que todo el gasto extra de 2023 queda consolidado en las cuentas de la Seguridad Social de 2024. En el año próximo, además, habrá otro incremento ligado a la inflación (que puede rondar el 2,5%), ya que esta revalorización está blindada, con independencia de que haya nuevos Presupuestos Generales o se prorroguen los ya aprobados.
Y, en paralelo, seguirán actuando fuerzas como el creciente número de jubilaciones, con altos sueldos acumulados tras de sí, que reclaman pensiones más altas.
La Seguridad Social está condenada a encadenar récord tras récord de gasto ante la falta de mecanismos que racionalicen esta partida. Pese a que recibió el aprobado de Bruselas, la última reforma de pensiones supone una oportunidad por completo perdida desde este punto de vista, ya que lo fía todo a un alza de cotizaciones sociales que será por completo insuficiente para corregir el hondo desequilibrio del sistema.
