Los niveles españoles de los precios de consumo acumulan varios meses en los que muestran una clara moderación, hasta situarse en el 2,3% registrado en julio (cuyo cálculo definitivo se publicará este viernes).
Ahora bien ese relajamiento tiene mucho más de aparente que de real. No en vano es muy deudor de un fenómeno puramente estadístico conocido como efecto escalón, que hace que el IPC actual descienda por la mera comparación con su comportamiento de 2022, cuando crecía a tasas mucho más rápidas que las actuales.
Pero eso no quiere decir que los precios dejen de incrementarse en 2023 y, de hecho, el mes pasado lo hicieron en cuatro décimas con respecto a junio por el encarecimiento de los combustibles y los paquetes vacacionales.
Y también se detectan serias presiones al alza en productos pertenecientes a otras rúbricas. Es más, será en el otoño cuando se conozca todo el alcance que el calor extremo y la sequía de este verano tendrán sobre las cosechas de cereales. El Gobierno ya anticipa una bajada de la producción del 38% hasta menos de nueve millones de toneladas, la mitad de lo recolectado en 2021. A los problemas internos se suma el hecho de que España será el segundo país más afectado por el veto ruso a las exportaciones ucranianas de grano por el Mar Negro.
Todo apunta a un encarecimiento inevitable de productos imprescindibles en la cesta de la compra sin que las rebajas del IVA sirvan de paliativo, ya que desde enero pasado ha quedado demostrado su muy limitado alcance. Al menos en el caso de España, la alta inflación dista aún mucho de dejar de ser un problema. El problema puede incluso renacer con fuerza a finales de 2023 y poner en mayores apuros al consumo interno.
