Tras las elecciones del 23 de julio, el nuevo gobierno tiene unas obligaciones a las que debe responder en términos de digitalización de la Administración para así adaptarse a los desafíos del siglo XXI. En este punto, entra en juego el Plan de Digitalización de las AA PP y sus 2.600 millones de inversión hasta 2025. El objetivo que se persigue es el de ofrecer servicios digitales accesibles, eficientes, seguros y fiables que permitan relacionar ciudadanos e instituciones de manera eficaz e igualitaria. Así que, quedan dos años para hacer palpables los objetivos que se establecen en dicho plan.
La relación digital con los ciudadanos es actualmente transaccional, atomizada, generalista y no personalizada, lo que dificulta el acceso a las políticas, ayudas y servicios públicos de los colectivos. También supone un obstáculo para las empresas que tiene que hacer procedimientos digitales con la administración (compra pública, subvenciones, información fiscal...).
La Administración debe digitalizar los servicios gubernamentales y hacerlos accesibles en línea. Esto implica desarrollar portales web y aplicaciones móviles intuitivas que permitan a los ciudadanos realizar trámites, presentar solicitudes, realizar pagos y obtener información de manera electrónica. Resulta indispensable que para conseguirlo se desarrolle un plan estratégico claro y definido. En esta línea, es fundamental tener una visión clara de cómo la Administración Pública debe funcionar en el mundo digital.
Para poder establecer dicho plan, es necesario fomentar la cultura digital interna. En este punto, surge la pregunta de cómo se puede tener un sector público bien digitalizado. Para conseguirlo se requiere un cambio de cultura corporativa en el centro de la institución pública. El trabajo debe estar enfocado en sensibilizar y capacitar a los empleados públicos sobre las nuevas tecnologías y su aplicación en el ámbito público. Esto se consigue implementando programas para mejorar las habilidades de los funcionarios mediante el upskilling y reskilling.
Sin embargo, capacitar y captar al personal adecuado, no es suficiente, ya que es necesario invertir en una infraestructura tecnológica sólida y segura que pueda soportar las necesidades de la Administración Pública en la era digital y seguir el frenético ritmo de innovación que precisan las organizaciones en la actualidad. Dicha inversión incluye actualizar sistemas, simplificar los sitios web y plataformas electrónicas que pertenecen a la Administración General del Estado y adoptar servicios en la nube.
Es innegable que la digitalización permite a la Administración probar nuevas soluciones y enfoques que ya ofrece el sector privado. Por ello, no solo es importante que el sector público sepa identificar las mejores prácticas, sino también que sepa adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos que ya disfruta el ciudadano en la empresa privada.
En definitiva, se convierte en imprescindible la capacidad de colaboración e intercambio de datos dentro de la administración entre diferentes organismos y entidades públicas para unificar el servicio público español.
No obstante, esta mayor penetración de la tecnología en la administración pone encima de la mesa la importancia de incrementar la inversión en ciberseguridad. Los ciberataques no dejan de crecer y los organismos públicos también están en el centro de la diana de los ciberdelincuentes. Así lo confirma la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad que ha constatado que, en 2022, la actividad de los ciberdelincuentes contra Gobiernos y administraciones se ha disparado un 24%.
Por todo lo mencionado anteriormente, si queremos una mayor efectividad de los organismos públicos y, por ende, incrementar la satisfacción ciudadana, hay que digitalizar la Administración y el primer paso es adoptando herramientas tecnológicas.
Eso sí, es importante abordar adecuadamente aspectos como la seguridad de los datos, la inclusión digital y la protección de la privacidad para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de esta transformación.
