El PP aprobará una profunda revisión de la Administración Pública si gana las generales del 23 de julio. En ese caso, Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha una remodelación de funcionarios, que incluye reubicar a la plantilla para hacer los servicios más eficientes. Además, la formación prevé ir sustituyendo a las personas por tecnología donde sea posible.
Lejos de lo que se pueda pensar, la introducción de máquinas no implica recortes de personal público. Muy al contrario, la idea del PP es aprovechar que entre el 35% y el 50% de los más de 2,7 millones de empleados públicos que hay en España se jubilará a 2030 para suplirlos, siempre que eso no implique menoscabo de los servicios al ciudadano, por una mayor digitalización.
"Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca", aseguró recientemente Juan Bravo. Una afirmación que no puede ser más oportuna, ya que el retiro de tal volumen de funcionarios es el escenario ideal para acometer una modernización que se lleva retrasando desde hace demasiado tiempo. Una reforma que, además, supondría un ahorro para las arcas públicas superior a los 15.000 millones. Se trata, por tanto, de una propuesta bien orientada que mejorará la atención al ciudadano sin efectuar recortes y que contrasta con lo realizado hasta ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha creado más de 400.000 empleos públicos desde 2019.
Esto supuso un alza del gasto que se antoja peligroso en un momento en el que Bruselas exige que el déficit se sitúe en el 3% en 2024. De hecho, el Consejo Editorial de elEconomista.es reclama al próximo gobierno un plan fiscal que permita cumplir con la UE. Salta a la vista que la reforma de la Ley de Función Pública que planea realizar Feijóo está alienada con el saneamiento fiscal necesario.
