Cerca de 12 operadores de telecomunicaciones ofrecen en España servicios de conectividad que escapan a la regulación del sector en nuestro país. El daño a la competencia que su actividad provoca es evidente, ya que estas empresas operan sin sujetarse a las obligaciones legales y tributarias que las telecos de mayor tamaño sí cumplen. Pero más grave todavía es el problema de seguridad que plantean cerca de 500.000 líneas que se sirven de tarjetas SIM globales, domiciliadas en el extranjero y cuyos propietarios reales son imposibles de rastrear. Poco importa que estas líneas conecten, sobre todo, unas máquinas con otras (como ascensores, alarmas, sistemas de riego...). La ley es clara al exigir que el propietario de toda línea de comunicaciones debe ser identificable.
