En plena evolución de las economías avanzadas hacia modelos de crecimiento equitativo y sostenible, dos sectores de la actividad, con perspectivas diferentes, como trataré de explicar a continuación, son determinantes para crear las condiciones para superar bastantes de las limitaciones del capitalismo actual. Los dos desafíos globales de nuestro tiempo son la sustitución de las fuentes de energía y la inclusión digital de toda la población mundial. Si la Humanidad acierta en ambos frentes, en el horizonte de 2050, previsiblemente el deterioro del medio ambiente se habrá revertido y el bienestar, la longevidad y la renta per cápita globales estarán en la senda correcta quizás para varias décadas.
Como el gran giro de la economía mundial está asociado al cambio climático, volviendo a España vale la pena resaltar que la vigente Ley de Cambio Climático y Transición Energética incorporó en su artículo sexto a la digitalización como instrumento para la descarbonización de la economía y la mitigación de sus efectos y la adaptación a las nuevas condiciones medioambientales, sean tendenciales o consecuencia de la adopción de medidas asociadas al cumplimiento de objetivos, señaladamente los fijados en los Acuerdos de París, con una economía global exenta de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a partir de 2050 y un incremento de la temperatura media anterior a la industrialización por debajo de los dos grados centígrados a partir de final de siglo, alterando sustancialmente la trayectoria reciente y mejorando la resiliencia del planeta de cara a las circunstancias que se anticipan.
La carrera, de largo recorrido y con hitos bien definidos, cuenta con metas volantes que imprescindible cruzar y cumplir para poder seguir avanzando en la línea prevista. Así, apenas para 2030 los Estados miembros de la Unión Europea, alentados por el Pacto Verde Europeo de la Comisión von der Leyen, han pactado la reducción en al menos el 55% respecto a los valores de 1990 de las emisiones de GEI.
Con una economía que según datos del Banco Mundial era en 2021 cerca de un 70% más grande que 30 años antes, el doble desafío de la reducción en casi un tercio de la intensidad energética de la economía y la obtención de al menos un tercio de la energía de fuentes renovables parecería a día de hoy superar notablemente nuestras capacidades.
El paréntesis de la pandemia ha impuesto una aceleración de los ritmos de ejecución de los nuevos patrones de la inversión centrada en la descarbonización, de la transformación de los modelos de negocio para hacerlos sostenibles y de la movilización de personas y medios para implantar una sociedad que se atenga a principios de eficiencia y limpieza energética.
Este panorama depara dos perspectivas bien diferentes para las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones en España. Para las primeras, sean de generación o transporte, el crecimiento es geométrico, como lo atestigua la previsión del actual plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC) de que al final de su vigencia en 2030, España cuente con un parque de cerca de 30.000 aerogeneradores, con una potencia de 50 GW (31 por ciento del total de generación y un aumento superior al 70 por ciento la instalada al final de 2022, según datos de la patronal AEE) y más de 19.500 hectáreas equivalentes de paneles fotovoltaicos, con una potencia de 38 GW (24 por ciento del total de generación y más que doblando la instalada al final de 2022), una superficie tan solo un diez por ciento menor que Badajoz, la provincia más grande de España y cerca del 4% del territorio nacional.
El enorme impulso inversor en generación renovable se verá acompañada de un incremento paralelo del acceso e interconexión con las subestaciones y redes de distribución a los puntos de consumo y de un esfuerzo inversor notable por parte de los gestores de las redes alta tensión y de los gestores de las redes de transporte. La electrificación de la economía y aquella renovable hasta llegar a las cero emisiones de GEI en 2050 -habiendo tenido que lograr la mayoría de la reducción en los próximos siete años, teniendo en cuenta que en 2021 (2.750 millones de toneladas de CO2) la reducción acumulada frente a los datos de emisiones en 1990 (3.800 millones de toneladas de CO2) era de cerca del 28 por ciento según Statista- es en definitiva, al menos en la UE, el principal empeño colectivo de las próximas tres décadas. Todo ello teniendo en cuenta que el consumo eléctrico debe iniciar una fuerte senda de crecimiento (en la última década el pico de demanda de 270 mil GW/hora se alcanzó en 2011), en tanto el crecimiento por su parte del tráfico de datos en las redes de telecomunicaciones responde a otros patrones, más próximos a la ampliación de la oferta de servicios digitales, al aumento del recurso a las "nubes" públicas que han ampliado sustancialmente la memoria disponible para cada usuario y al incrementarse el número de nodos se reduce el retardo, con una menor demanda sobre las redes de transporte de datos. Con tales perspectivas de crecimiento de volúmenes y evolución de precios, llama la atención la reducida diferencia en las valoraciones de las principales empresas cotizadas, Enagás, Redeia y Telefónica, con multiplicadores PER 2023 estimados que van del 13,1 de Telefónica (si bien ésta tiene sus ingresos principalmente asociados a servicios de conectividad residencial) y Redeia y el 15,5 de Enagás. Queda fuera de la comparación Cellnex por sus reiteradas pérdidas, no obstante su vigorosa generación de caja.
Parece pues que las inversiones asociadas a infraestructuras, por una combinación de estabilidad de las relaciones comerciales subyacentes y por su revisión en función de la evolución del coste de la vida tienden a requerir rentabilidades menores, marginalmente superiores al coste del capital invertido. Tal vez los precios de las acciones no reflejan la diferencia sustancial entre las limitadas posibilidades de crecimiento de tamaño de los ingresos de conectividad en los Estados miembros de la UE, habida cuenta de la penetración y de la presión deflacionaria de los operadores virtuales y el esperado incremento de los ingresos de suministro eléctrico por el imperativo de descarbonización energética. La electrificación de la economía responderá a un patrón de inversión en un plazo definido, o sea hasta 2050, el año esperado de cero emisiones de GEI. Suponiendo que todos los vehículos nuevos a partir de 2035 en la Unión Europea sean eléctricos, implicaría un incremento en cada década de 10 puntos porcentuales de la electricidad en las fuentes básicas de energía, hasta representar la mitad de las mismas frente al 20% actual, según el escenario de seguridad energética global Sky 2050 de la petrolera Shell.
Multiplicar por cuatro
Así las cosas, la capacidad mundial de fabricación de módulos fotovoltaicos tendrá que cuadruplicarse desde ahora a 2040 y multiplicar por diez el ritmo de despliegue de aerogeneradores, lo que da idea de la magnitud de los desafíos en la cadena de valor de la energía, en pleno proceso de atenuación del cambio climático, de la adaptación a las consecuencias del mismo, mediando una transición justa, que tenga en cuenta los impactos para los más directamente afectados. La profusión de compromisos públicos, obligaciones de actuación e información por parte de los agentes públicos y privados para alcanzar las metas de los Acuerdos de París alcanzan también a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como palanca de mitigación de las emisiones de GEI, como se puso de manifiesto de manera drástica con motivo de la reciente pandemia global, que cambió múltiples patrones de comportamiento (especialmente en lo relativo a desplazamientos evitados) y la consiguiente eficiencia energética. Sin embargo, los operadores no verán por ello aumentar sus ingresos. A diferencia de la electricidad, que se produce y distribuye con un equilibrio perfecto entre oferta y demanda, por alguien diferente a quien la consume de manera única, singular e irrepetible, la información se produce y distribuye en un medio -Internet- en el que productores y consumidores se confunden y son los mismos, en un entorno ubicuo, con un acceso al mismo sujeto a condiciones de mercado, de manera plural, regular e ininterrumpida.
La existencia de tarifas reguladas tiene sentido para la electricidad, conceptualmente imprescindible en la economía actual, de modo que los Estados actúan para erradicar la "pobreza energética", en cuanto nunca han considerado merecedora de subvención la conectividad, dejando a los operadores la posibilidad de otorgar tratamientos diferenciales a sus clientes en razón del perfil socioeconómico o por otras razones. En fin, las inversiones en infraestructuras eléctricas y de comunicaciones presagian diferentes desenlaces: el mundo, incluso está ávido de más electricidad para llevar a efecto las transformaciones requeridas por las consecuencias del cambio climático, mientras que la oferta de conectividad, básicamente móvil, alcanza ya a toda la humanidad y la mejora de rendimiento y calidad de experiencia tiene un carácter progresivo, pero no disruptivo y lógicamente es ajena en sí misma al proceso general de descarbonización.
En todo caso, siguen requiriendo una consideración diferente las inversiones en infraestructuras pasivas (emplazamiento, obra civil, acometidas y suministros esenciales de fuerza y clima, fibra óptica oscura) y activas (acceso, conmutación y procesamiento de datos de proximidad en nodos de conectividad) que nada obsta pueda ser propiedad de alguien ajeno a la provisión de servicios de telecomunicaciones, en cuanto las inversiones en generación, transporte y distribución eléctrica son propias y exclusivas de los operadores habilitados para las respectivas actividades, en un régimen de tenencia de activos más estricto que el de las telecomunicaciones.
Sin embargo, la separación estructural entre infraestructuras y servicios, propia de la evolución a un régimen de competencia abierta vigilada, igualmente imperante en ambos sectores, se ha producido y consolidado tras la entrada en escena de los operadores virtuales de telecomunicaciones y las empresas comercializadoras de gas y electricidad. Tal vez la volatilidad del coste de capital, que tras su reciente subida introduce un umbral de rentabilidad mínima exigible más elevado al que pudo aplicarse en la década pasada, cuando se llevaron a cabo las principales separaciones de activos y servicios, creando negocios con perfiles de riesgo disociados de la competencia en los servicios, pueda introducir una pausa en este proceso que tiene una justificación no solo financiera si no eminentemente operativa.
Esta visión integrada de las infraestructuras de energía y telecomunicaciones para la sostenibilidad y digitalización permite apreciar las confluencias en diseño, construcción, operación y mantenimiento y en consecuencia las sinergias en la tenencia y explotación, además de reconocer la necesidad de una planificación coordinada (como por ejemplo de cara a la construcción de centros de procesamiento de datos de alta capacidad servidlos exclusivamente con energías renovables) y llegando a calibrar la posibilidad de que exista una aproximación convergente de la demanda de los usuarios -como por otro lado ya ofrecen varios operadores de telecomunicaciones en España pero, de momento, ninguna comercializadora de electricidad- con potenciales ventajas para toda la cadena de valor.
Según Peter Hall, de la firma de ingeniería sostenible WSP, si avanzamos consistentemente en la consecución de los objetivos globales de descarbonización en el horizonte de 2030 será necesario invertir cerca de 15.000 millones de euros en infraestructuras de reemplazo con la expectativa en los próximos , conseguida una transición ecológica correcta, cerca de 10.000 millones euros de renta anual y cerca de 395 millones de empleos asociados. Las principales economías industrializadas, como Estados Unidos con la Ley para la reducción de la inflación (cerca de 380.000 millones de euros en ayudas para la inversión en energías renovables y mitigación del cambio climático) y con las Leyes de semiconductores y para la innovación y competitividad (cerca de 140.000 millones de euros en ayudas para la investigación avanzada y la fabricación de componentes críticos en Estados Unidos) y la Unión Europea con los fondos "Next Generation", en el contexto de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (con cerca de 390.000 millones de euros en subvenciones en digitalización y mitigación del cambio climático, en consonancia con las metas del Pacto Verde europeo) están movilizando recursos financieros extraordinarios para que la reorientación del patrón de crecimiento económico se apoye definitivamente en los principios de sostenibilidad, inclusión y digitalización.
Ciertamente, es el desafío de nuestra época, que exige la concienciación colectiva y la movilización sin demora y mirando al largo plazo de todos, acompañando las orientaciones de los gobiernos y el liderazgo de los sectores económicos.
Alberto Horcajo es Cofundador de Red Colmena
