Bruselas presentó en mayo sus recomendaciones de política económica y fiscal para España y el resto de países de la Unión, de cara al regreso de las reglas de estabilidad suspendidas desde 2020 por la pandemia.
En el texto se insta a nuestro país a realizar un ajuste estructural del 0,7% del PIB en 2024. Esto se traduce en cerca de 10.000 millones de euros para cumplir así con la senda de reducción de déficit hasta el 3% el próximo año. Para lograrlo, Bruselas recomendó al Gobierno eliminar las medidas de apoyo para paliar la crisis de precios antes del fin de 2023. No obstante, abrió la puerta a mantener las más específicas en caso de que los costes vuelvan a subir tras el verano.
La Comisión esperaba que con estos ajustes bastara para que España mantuviera una hoja de ruta prudente de gasto en 2024, situada siempre por debajo del techo del 2,6% de incremento respecto a 2023. Un importante esfuerzo que evidencia que España se enfrenta al reto de la vuelta de la disciplina fiscal con deberes por hacer. Así lo estimó también la Comisión que cargó contra al Ejecutivo por "no haber limitado suficientemente el gasto público" en los años previos.
Una crítica a la política económica del Gobierno que ha seguido impulsando el gasto hasta el final de la legislatura, dejando la sostenibilidad de las cuentas públicas en segundo plano. Esto sitúa a España muy lejos de cumplir con Bruselas y obligada a realizar importantes ajustes.
El gran problema es que todos los partidos políticos han excluido este tema en sus programas electorales. España se enfrenta por tanto a unos obligados ajustes con un Gobierno en funciones y sin un plan para hacerlo. A ello se suma además que no se podrá contar con la ayuda de la recaudación, que será este año menor a la de 2022 por la ralentización de la economía.
