La inestabilidad política deja en el aire cómo cumplirá España las reglas fiscales de la UE

La inestabilidad política vuelve a acusar a la economía española, que entre otros retos afrontará la vuelta de las reglas fiscales sin un Gobierno definido, mucho menos una hoja de ruta de consolidación fiscal para cumplir con los objetivos que desde 2024 comienza a exigir la Comisión Europea. Según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este ajuste es de unos 6.000 millones cada ejercicio, aunque la auditora pública avisó en su última valoración de las cuentas que se necesitan medidas adicionales.

Durante el verano se suele presentar el techo de gasto, y el otoño es para los Presupuestos. Dos hitos marcados en el calendario que definen la Ley más importante de un Gobierno pero que este año no veremos. El panorama político deja, por tanto, en el aire cómo se buscará equilibrar la balanza de ingresos y gastos. Más, cuando los ingresos coyunturales por la inflación y la reapertura económica se están frenando y serán nulos en 2025 y 2026.

La AIReF y el Gobierno esperan que el déficit público termine el año sobre el 4% del PIB, pero todavía a un punto del objetivo. "Un ajuste de 0,46 puntos de PIB al año durante cuatro años generaría una contención en torno a 30.000 millones de euros en la evolución del gasto primario (neto de medidas de ingresos) al final del periodo de ajuste", recogía la valoración del Plan de Estabilidad.

Un ajuste desde cero

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, emitirá los expedientes de cada país en primavera de 2024 y tendrán carácter retroactivo desde otoño del actual ejercicio. Una manifiesta declaración de intención de que el ajuste empieza desde ya.

Con una definición de Gobierno compleja queda, envuelta en un sinfín de pactos que está por ver si suman la mayoría absoluta, la importante cartera de Hacienda queda desierta.

El compromiso con Europa, por tanto, no dará margen para grandes rebajas de impuestos, ni grandes políticas de expansión de gasto, como las acometidas desde el estallido de la pandemia hasta ahora, aunque el techo de gasto y las cuentas que se prevén prorrogar sean las más elevadas de la historia.

A corto plazo es conocido que se han eliminado las medidas de apoyo indiscriminado para combustible a transportistas y profesionales, mientras que se mantienen hasta la fecha otras como la rebaja del IVA sobre algunos grupos de alimentos o la excepción ibérica.

Diferentes previsiones

Las previsiones económicas de Bruselas para España reflejan divergencias con los cálculos del Ejecutivo español respecto al déficit. La Comisión Europea estimó que el déficit público cerrará el 2023 en el 4,1% y se corregirá hasta el 3,3% en 2024. Dos cifras que distan del 3,9% proyectado por el Gobierno de Pedro Sánchez para el presente año y el objetivo de 3% de 2024.

Esta diferencia para 2024 radica, principalmente, en que el Ejecutivo comunitario prevé un escenario macroeconómico menos favorable, en el que el consumo privado y la inversión en España serán menos fuertes de lo previsto por el Gobierno.

La deuda cuesta más por los tipos

El gran reto de la economía española es una bola de nieve generada a base de deuda pública y retroalimentada por el déficit constante. El pasivo –que supera los 1,5 billones de euros– se refinanciará cada vez más caro por la subida de los tipos de interés que encarecen el crédito, aunque para el Tesoro esté controlada por su gestión de la cartera. Además, el Banco Central Europeo (BCE) ya no compra deuda a los Estados.

Este es uno de los puntos que presionará negativamente el equilibrio de las cuentas. La inflación ha obligado a tomar medidas que han reducido los ingresos en 6.100 millones, además de ayudas y bonificaciones por valor de 13.400 millones de euros, ambas solo en 2023.

La senda de la reducción de la deuda que maneja la AIReF, y que también aprueba el Banco de España en sus proyecciones, es que la extraordinaria recaudación adicional provocada por los efectos derivados de la inflación se agotará más pronto que tarde. Y eso tendrá una consecuencia si no hay medidas adicionales que, ahora mismo, nadie plantea.

Impuestos como el IRPF o las cotizaciones sociales frenarán su comportamiento a la vez que lo haga el empleo, que da señales de agotar su también espectacular ritmo desplegado tras la pandemia. También el consumo o la inversión, a la vista de la política monetaria.

"Será inevitable moral y económicamente reducir el gasto público superfluo y las duplicidades, especialmente si se quieren consolidar y hacer sostenibles partidas esenciales como sanidad, pensiones, dependencia o educación de las que hablaremos otro día", explicó Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y ex minsitro de Ciudadanos.