Bruselas
La política fiscal expansiva que se puso en marcha en la eurozona durante la pandemia y se prolongó durante la guerra de Ucrania -y la crisis energética- debe dejar paso a una nueva etapa de mayor disciplina fiscal. Es el resumen de la conversación que han mantenido los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro este jueves, que en una declaración conjunta han abogado por abrir una etapa de política fiscal más restrictiva para reducir el déficit y la deuda públicos.
Los titulares de Economía de los Veinte han defendido poner en marcha una estrategia de "consolidación fiscal determinada, gradual y realista", que "refuerce la sostenibilidad fiscal, reconstruya colchones fiscales", contribuya a generar un "crecimiento sostenible" e impulse "la resiliencia de la zona euro ante futuros retos, incluida la equidad generacional".
Los ministros han convenido evitar "medidas permanentes de aumento del déficit para facilitar una reducción duradera del déficit y de la deuda", según la declaración conjunta, que apunta a una "orientación fiscal restrictiva" en 2024 por parte de todos los países de la zona euro.
Tras la reiterada llamada a reducir las medidas de apoyo a la crisis energética, se ha gestado un compromiso para utilizar estos ahorros para "reducir los déficits" públicos tan pronto como sea posible, en 2023 o 2024. Unos ajustes que, según los cálculos de la Comisión Europea serían suficientes para cumplir con las recomendaciones fiscales del paquete de primavera, que apuntaba a un ajuste del 0,8% del PIB.
En paralelo, el Eurogrupo ha defendido realizar "reformas estructurales" así como "salvaguardar y aumentar las inversiones", tanto en la parte pública como privada. Unas inversiones que tienen como pilar el Plan de Recuperación y los objetivos marcados para la transición verde y digital.
Es así que se revisarán las políticas presupuestarias de los miembros de la zona del euro el próximo diciembre, utilizando como referencia la evaluación de Bruselas sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2024.
"Tras tres años de política fiscal expansiva, recomendaremos, como ya hemos hecho en nuestro paquete de primavera, una política fiscal más restrictiva y eliminar las medidas de apoyo a los precios de la energía", ha señalado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada al Eurogrupo.
El comisario italiano ha puesto de relieve el trabajo, mano a mano, ejecutado en conjunción con la política monetaria del Banco Central Europeo para bajar la inflación. "No es algo que hayamos alcanzado", ha reconocido. Y si bien ha puntualizado que los niveles de precios han bajado, también ha puesto el foco sobre el hecho de que la inflación subyacente "persiste".
La idea de base detrás de la declaración del Eurogrupo la resumía el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, a su llegada al encuentro: "asegurar que la política monetaria y la política fiscal no se contradigan entre ellas". Un mensaje al que ya en marzo apuntaba el Eurogrupo con una resolución por volver a una política fiscal "prudente" ya en 2023 y en 2024 para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo.
Cierto es que la Comisión Europea hace meses que viene pidiendo retirar las medidas puestas en marcha para paliar la crisis energética. Una reclamación que se reforzó hace unas semanas con el informe de la Junta Fiscal Europea pidiendo políticas fiscales con esfuerzos más ambiciosos que permitan construir colchones fiscales y evitar, en paralelo, que el Banco Central Europeo deba continuar con su política de subida de tipos de interés.
La eurozona se prepara para volver a ajustarse el cinturón y dejar atrás la relajación fiscal de los últimos años. Lo hace con la vista puesta en 2024 cuando la desactivación de la cláusula de escape, que permitió suspender las reglas fiscales por la pandemia y extenderla un año más por la guerra de Ucrania, deje de nuevo en aplicación los límites máximos de déficit del 3% del PIB y de deuda del 60% del PIB.
Ya en marzo, el Eurogrupo pedía volver a una política fiscal "prudente" en 2023 y 2024 para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo. Una perspectiva que afectará a las medidas para paliar los altos precios de la energía, que deben evitar "un aumento del déficit".
