
Hace meses que la Comisión Europea viene llamando a los Estados miembro a retirar los estímulos puestos en marcha para paliar la crisis energética. La política fiscal europea será uno de los puntos de debate de la reunión que los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) mantendrán este jueves en Bruselas. La idea detrás del encuentro será dilucidar cuán restrictiva deberá ser esta política fiscal a la vista de una inflación elevada y persistente y la recesión técnica de la eurozona.
Tras las recomendaciones fiscales emitidas por la Comisión Europea, llamando a tomar una senda más restrictiva y eliminar las medidas puestas en marcha para mitigar los altos precios de la energía, la Junta Fiscal Europea ha pedido a los Estados miembro que pongan en marcha políticas fiscales con esfuerzos más ambiciosos. Todo ello para reconstruir colchones fiscales que eviten que el Banco Central Europeo se vea obligado a subir demasiado los tipos de interés.
Pese a la política monetaria emprendida por el organismo presidido por Christine Lagarde, la inflación en la eurozona continúa en niveles elevados y persistentes, del 6,1% según los datos preliminares de junio de Eurostat. Fue en este marco que el organismo fiscal independiente de la UE señaló que una política fiscal demasiado expansiva podría implicar nuevas subidas de tipos y repercutir en la producción.
Según han explicado fuentes diplomáticas, hay un amplio consenso entre instituciones en que la política fiscal el próximo año debe ser restrictiva y que no debe articularse en base a estímulos generalizados a la demanda. Una orientación que toma como punto de partida las actuaciones puestas en marcha para mitigar los efectos de la pandemia y la contracción de la economía tras la invasión militar de Rusia en Ucrania. Una senda que busca normalizar posiciones después de la bajada de los precios de la energía.
No se trata de que el Eurogrupo vaya a precisar una cifra concreta de ajuste. Pero poniendo todo en perspectiva, la eliminación completa de las medidas puestas en marcha para mitigar la crisis energética mejoraría el déficit estructural en un 1,25% del PIB. Una cifra más que suficiente para alcanzar ese objetivo de endurecimiento de la política fiscal, han señalado fuentes diplomáticas, frente al 0,8% del PIB que pedía la Comisión Europea para 2024.
Lo que se pretende es atajar la elevada incertidumbre y dotar a los países de capacidad de reacción en caso de que la economía empeore. Una coyuntura ante la que se requerirá una actuación en términos de política fiscal pero que tiene, también en el punto de mira, continuar con las inversiones emprendidas para la transición verde y digital.
"Debido a las perspectivas favorables macroeconómicas, el Comisión Europea considera apropiado un impulso fiscal restrictivo en la zona euro en 2024", señala en informe del Consejo Fiscal Europeo. Además, la caída de la inflación y la subida de los tipos de interés supondrán, a su debido tiempo, un menor alivio para las finanzas públicas
Según las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea del pasado mayo, España tendría que realizar un ajuste adicional del 0,7% del PIB en 2024 en caso de que supere un techo de gasto del 2,6%. Un recorte de unos 9.700 millones de euros que no está claro que España tenga que realizar ya que, los cálculos de Bruselas, supeditan tan recorte al aumento del gasto público, que la propia Comisión Europea ha estimado que será del 1,4% en 2024.
Los ministros de a eurozona tendrán sobre la mesa otros dos importantes dosieres, por un lado la propuesta del euro digital y por otro la unión de mercado de capitales. Un expediente en la que se busca más integración entre los mercados de los países.
Reglas fiscales para después del verano
Será ya el viernes que los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) encaren de nuevo las conversaciones sobre la revisión de la gobernanza económica. Un acuerdo que buscan cerrar antes de finales de año, cuando las reglas fiscales vuelvan a aplicarse con la desactivación de la cláusula de escape. Será el primer Ecofin capitaneado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con España al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Sin embargo, no se esperan avances significativos para este expediente hasta después de verano, con un primer debate en el encuentro informal en Santiago de Compostela, después de las elecciones del 23 de Julio.