Bruselas
La invasión militar de Rusia en Ucrania supuso un golpe para la recuperación económica que se había planeado tras la pandemia en la UE. Después de que los peores temores sobre una recesión en el arranque del año hayan sido disipados, la Comisión Europea ha presentado este miércoles su paquete de primavera. Un documento en el que insta a España a realizar una mejora del ajuste estructural presupuestario de al menos del 0,7% del PIB en 2024, lo que se traduce en algo más de 9.700 millones de euros.
Según las recomendaciones específicas por país, la Comisión Europea requerirá al Gobierno un ajuste adicional del 0,7% del PIB en 2024 en caso de que supere un techo de gasto del 2,6%. Un recorte que no está claro que España tenga que realizar ya que, en base a los cálculos de Bruselas en sus previsiones de primavera, el aumento del gasto público será del 1,4% en 2024.
"Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB, una mejora del ajuste estructural de al menos del 0,7% del PIB en 2024 sería apropiada", dice el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones.
El objetivo es llevar el déficit a niveles del 3% y situar la deuda pública en una senda descendente, teniendo en cuenta que en 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales que habían sido suspendidas por la pandemia, que establecen un límite de déficit sobre el PIB del 3% y del 60% en el caso de la deuda, que el pasado ejercicio se situó en el 113,2% en España.
Así es que, la Comisión Europea ha recomendado que el crecimiento máximo del gasto público no supere el 2,6% en 2024. Un esfuerzo que se equipara al de países como Italia o Bélgica por los altos niveles de deuda y que es superior al de Alemania.
En su análisis, la Comisión Europea critica que el Gobierno de Sánchez "no ha limitado suficientemente el crecimiento del gasto" público. Un alza que responde a un mayor gasto en las medidas destinadas a paliar la crisis energética, así como en consumos intermedios y en transferencias sociales. Es así que Bruselas apremia al Ejecutivo español a mantener una política fiscal "prudente".
Ante la bajada de los precios de la energía, la Comisión Europea encomienda al Gobierno de Sánchez a eliminar las medidas de apoyo para hacer frente a la crisis energética, unas ayudas que cuantifica en el 0,6% del PIB, unos 8.000 millones de euros, y que casi contrarrestaría ese ajuste exigido por Bruselas.
El Ejecutivo comunitario pide a España eliminar estas medidas antes de finales de 2023, a excepción de la que grava los beneficios extraordinarios de las energéticas --la única que aporta ingresos a las arcas públicas--, y plantea empezar por las menos específicas. El objetivo es utilizar estas partidas económicas para reducir el déficit público.
"Las políticas fiscales deben ser prudentes y apoyar el crecimiento", ha indicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en rueda de prensa.
En todo caso, Bruselas insiste en la necesidad de mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y "asegurar la absorción de los fondos de Recuperación" para impulsar las transiciones verde y digital. Además, de cara a 2024, insta a España a continuar con una estrategia fiscal a medio plazo de consolidación "gradual" y "sostenible" que se combine con inversiones y reformas que contribuyan al crecimiento sostenible. En última instancia, la vista está puesta en alcanzar una posición fiscal prudente a medio plazo.
Respecto al plan de Recuperación, Bruselas encomienda a España garantizar la capacidad administrativa en vista del aumento previsto del tamaño del plan. Además, apremia a acelerar el despliegue de las renovables a través de la digitalización de los procesos de concesión de permisos e invirtiendo en almacenamiento de energía y conexiones transfronterizas.
La Comisión Europea considera que España, junto con países como Portugal, Alemania, Países Bajos o Suecia continuará experimentando desequilibrios económicos. No obstante, apunta que las "vulnerabilidades están retrocediendo" en España, Alemania, Francia y Portugal por lo que, de mantenerse la tendencia, sentaría las bases para salir del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos.
En lo que refiere a la política fiscal, el Ejecutivo comunitario ha subrayado que los criterios de déficit continúan sin cumplirse en España y otros 13 países, entre ellos Alemania, Francia o Italia. Cabe recordar que en sus previsiones de primavera la Comisión Europea puso en duda los pronósticos realizados por el Gobierno. Estimó, así, que el déficit sobre el PIB de España se situará en el 4,1% en 2023 y el 3,3% en 2024. Dos cifras que distan del 3,9% proyectado por el Gobierno para el 2023 y el objetivo del 3% en 2024.
En lo que respecta al programa de vigilancia, que analiza las perspectivas económica, fiscal y financiera de los Estados miembro que se han beneficiado de los programas de asistencia financiera tras la crisis del 2008, la Comisión Europea señala que España, así como Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre continúan teniendo capacidad para pagar su deuda.
Perspectiva comunitaria
El paquete de primavera, que establece el marco de coordinación política entre Estados miembro, observa que la economía europea continúa siendo "resiliente en un contexto global desafiante". Bruselas ha puesto de relieve que la bajada de los precios de la energía, la reducción de la presión sobre la cadena de suministro y un mercado laboral fuerte han sustentado un "crecimiento moderado en el primer trimestre de 2023, dispersando los temores de una recesión".
La Comisión Europea ha evidenciado que, si bien la inflación continúa su senda a la baja, la inflación subyacente se ha fortalecido, lo que ha derivado en un endurecimiento de las condiciones de financiación. En lo que respecta a política fiscal, Bruselas ha recomendado reducir las medidas de apoyo energético en 2023 y 2024 y que los ahorros obtenidos de retirar tales medidas de apoyo se encaminen a reducir los niveles de déficit.
En las previsiones económicas presentadas este mes, la Comisión Europea ha proyectado un crecimiento del 1,1% y el 1% para la eurozona y la UE, respectivamente, en 2023 y del 0,8% y el 0,9% en 2024.
