Opinión

Arbitraje comercial y sector energético: un círculo virtuoso

Foto: Istock

El pasado mes de junio la Corte Española de Arbitraje (CEA) reunió en una mesa de debate a directivos de grandes compañías energéticas, representantes de la Abogacía General del Estado y letrados expertos en litigación y arbitraje de los más importantes bufetes radicados en España, al objeto de analizar la situación – y la proyección- de un sector, que como el de la energía, juega un papel trascendental y de sostenido crecimiento en la economía nacional.

Publicaba elEconomista el pasado mes de marzo que las grandes corporaciones energéticas españolas preparan una oleada de inversión para impulsar la transición energética en los próximos tres años. Las empresas energéticas, avanzaba este diario, tienen sobre la mesa planes para destinar 46.800 millones a desarrollar desde energías renovables a hidrógeno o combustibles sostenibles.

Más allá de estas previsiones a corto plazo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé para el periodo 2021-2030 inversiones en el sector de 241.000 millones de euros lo que supondrá, según las estimaciones, en un incremento del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

En este marco, los participantes en el encuentro organizado por la Corte Española de Arbitraje coincidieron en que el sector energético es uno de los más afectados por las disrupciones políticas y económicas que se suceden a nivel doméstico e internacional.

Son múltiples y diversas las cuestiones jurídicas que afectan a la energía como sector económico complejo

Los efectos de la inflación y la volatilidad de precios, unidos a los habituales cambios regulatorios de los últimos meses, abonan el terreno para la aparición de disputas entre empresas que operan en el mercado de la energía.

Son múltiples y diversas las cuestiones jurídicas que afectan a la energía como sector económico complejo, fuertemente regulado y con múltiples actores. Y es aquí donde la figura del arbitraje puede superar su asentada ubicación en el ámbito del arbitraje de inversiones, convirtiéndose en una herramienta de singular utilidad para la resolución de múltiples disputas entre partes derivadas de un sector tan activo y en continua adaptación.

El arbitraje, cuya principal característica como sistema de resolución de controversias es el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, confiere a éstas la posibilidad de que sus disputas sean resueltas por un árbitro o árbitros de su elección y determinando las reglas de Derecho aplicables al conflicto concreto, superando los tiempos y costes indeterminados de la jurisdicción ordinaria.

Las cualidades inherentes al arbitraje son la especialización, neutralidad, celeridad, eficacia y costes razonables

Tampoco hay que olvidar que la Administración de Justicia en España pasa por un momento de manifiesta saturación, agravada por la pandemia o la alta conflictividad laboral de los últimos meses.

Los beneficios del arbitraje para resolver controversias van desde contar con árbitros altamente cualificados y especializados en energía, la posibilidad de adecuar el procedimiento arbitral a los desafíos y complejidades que plantea el sector o la ejecutabilidad de los laudos en España.

Es necesario superar las dificultades dimanadas de la fuerte regulación del sector

Las cualidades inherentes al arbitraje como son la especialización, neutralidad, celeridad, eficacia y costes razonables hacen del mismo una figura idónea para el sector energético.

En cualquier caso, para alcanzar el objetivo de convertir al arbitraje comercial en una figura habitual en los contratos del sector energético a nivel doméstico es necesario, y en esto coinciden directivos, inversores, abogados y árbitros, superar las dificultades dimanadas de la fuerte regulación del sector. Por otra parte, los contratos de suministro a largo plazo o Power Purchase Agreement (PPA) parecen idóneos para incluir convenios arbitrales en su clausulado.

La Corte Española de Arbitraje (CEA) seguirá aportado su experiencia, reputación y solvencia para promover el fomento de la cultura arbitral y la convergencia de todas las partes implicadas, y así poder convertir el arbitraje en una pieza clave para la resolución de conflictos entre los operadores jurídicos, económicos y empresariales implicados en un sector tan activo y de tanta proyección económica como el energético.

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