
La implantación de peajes en las autopistas ha sido una de las polémicas de la campaña electoral. Pese a negarlo en repetidas ocasiones, el Gobierno se comprometió con la Unión Europea a ponerlos en marcha en 2024. Así quedó reflejado en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas en 2021.
Pero la cercanía de las elecciones llevó al Ejecutivo a cambiar de opinión. Lo hizo a través de la adenda del Plan que fue entregada en junio a las autoridades comunitarias. No está claro, que ahora se pueda cambiar uno de los pilares de la reforma propuesta por Sánchez. Éste anuncia que negocia con la UE retirar los peajes, cuando Bruselas lo niega, y destaca que en la última legislatura su Ejecutivo ha eliminado el pago en más de 1.000 kilómetros de autopistas, que nadie sabe cómo se compensará. Todo parece improvisado para salvar la renuncia en la que cayó cuando Feijóo le preguntó en el debate de A3Media por el asunto. Vaya por delante que pasar por caja cuando se utilizan estas infraestructuras es positivo, ya que permite costear su mantenimiento. Además, el modelo que propone la UE es adecuado al estar basado en el pago por kilometraje. Esta progresividad originará una factura más elevada para aquellos que utilicen más este tipo de carreteras, que por lo general siempre serán las personas que tienen unas rentas más altas o los turistas extranjeros. Es decir, el Gobierno se niega a aceptar un modelo que convierte a los que más tienen en los principales financiadores de las autovías como ya hizo con las gasolinas. Los ciudadanos exigirán que las carreteras sean seguras y eso tiene un coste que puede pagarse por el uso ó vía impuestos, repartiendo la carga entre todos. Y es que por mucho que los políticos vendan lo contrario, nada es gratis y los peajes tampoco.
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