
La Legislatura concluye con señales inquietantes sobre la calidad del empleo. Aunque la última reforma laboral ha tenido efectos innegables sobre la temporalidad, esto no debe llevar a un triunfalismo estadístico, que obvia que los empleadores requieren más avances y apoyo para acabar con la precariedad de sus puestos de trabajo.
Así, un 74% de los contratos firmados en junio siguen ligados a la eventualidad, sumando en este porcentaje a los temporales propiamente dichos y los fijos discontinuos, que son indefinidos pero solo de manera intermitente. De hecho, más de 18.600 de ellos son dados de baja a la Seguridad Social cada día a la espera de que sus empresas vuelvan a llamarles. Una volatilidad que el Gobierno obvia con un discurso que parece intentar ocultar la realidad de que España sigue en los puestos de cabeza de la precariedad laboral en Europa. Lo cual es especialmente grave porque cada vez más indicadores apuntan a que los efectos de la norma pactada con las patronales y sindicatos a finales de 2021 han alcanzado su techo sin que la mejora alcanzada pueda considerarse suficiente.
Una política laboral verdaderamente ambiciosa no puede conformarse con unos datos que apuntan a que buena parte de los resultados de la reforma laboral responden a un trasvase de la precariedad a los empleos indefinidos. Ante este escenario resultan imprescindibles medidas para apoyar la creación de puestos de trabajo en sectores más productivos, que permitan no solo mejorar las condiciones de todo tipo de puestos de trabajo, sino también elevar la contratación. Algo imposible con unas recetas más orientadas a castigar la creación de empleo por parte de las empresas que a apoyarla.
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