Opinión

'Greenwashing' o la necesidad de definir en positivo

  • El ecoblanqueo capta la atención de los reguladores y del propio mercado
Imagen: iStock.

El modelo de finanzas sostenibles que proyectan las políticas de la Unión Europea (UE) está adquiriendo cada día más relevancia, al tiempo que una mayor complejidad y tecnicidad. En este momento, en el que la regulación y metodologías ASG (ambiental, social y de gobierno) se encuentran en fase de desarrollo, y las necesidades de conocimiento técnico aumentan, el fenómeno conocido como greenwashing ha captado la atención de supervisores, reguladores y del propio sector financiero. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de elEconomista.es. 

El greenwashing (en un intento por traducir esta expresión a nuestro idioma podríamos recurrir a ecoblanqueo o incluso ecopostureo si optáramos por un término más coloquial, aunque bien expresivo de lo que se pretende conceptualizar) se percibe como uno de los mayores riesgos para la confianza de los inversores y, por tanto, como una amenaza para el cumplimiento del objetivo común de evolucionar el sistema productivo de la UE hacia un modelo sostenible a largo plazo. Le puede interesar: La CNMV advierte del riesgo de greenwashing en finanzas sostenibles.

La Autoridad Europea de Mercados y Valores ha definido el concepto como el conjunto de prácticas de mercado sobre la divulgación de sostenibilidad que no reflejan adecuadamente los riesgos e impactos de sostenibilidad asociados a un emisor o instrumento financiero. Se trata de una definición que a priori puede parecer sencilla, pero que, una vez se profundiza, resulta sumamente compleja. En efecto, y a pesar de lo que cabría deducir del propio término (green-washing), este no parece limitarse a los factores medioambientales, sino que aspira a englobar igualmente los sociales (social-washing) y de gobernanza (governance-washing). Otros elementos que se encuentran actualmente en discusión son los relativos al elemento intencional (¿cabe reprochar como greenwashing un comportamiento no intencionado?); al diferente rol, y en consecuencia nivel de responsabilidad, que debe atribuirse a los distintos actores; o al tratamiento que debe otorgarse a la amplia variedad de casuísticas que pueden presentarse a lo largo de la cadena de valor. La clarificación de estas incertidumbres es urgente. Sube la presión de los reguladores para evitar el greenwashing.

Finresp (Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España) se considera concernido por este debate. Finresp nace en 2019 como una federación de las asociaciones financieras españolas (AEB, CECA, UNACC, Unespa e Inverco) para promover la sostenibilidad en el tejido económico de nuestro país. Por nuestra dimensión e importancia estratégica dentro del sistema económico, por nuestro compromiso ASG y por su impacto reputacional, creemos que debemos posicionarnos y aportar constructivamente nuestra visión. 

La Comisión Europea ya ha concretado su expectativa respecto del papel que corresponde a los organismos supervisores en la identificación, prevención, investigación, sanción y remediación del greenwashing. En mayo de 2022 solicitó la aportación de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ESA por sus siglas en inglés). En el mes de noviembre, estas autoridades lanzaron una consulta a todos los agentes interesados (call for evidence) con el objetivo de mejorar el entendimiento del concepto e identificar posibles casuísticas. Una vez finalizado este proceso, se espera la publicación de un informe en mayo de 2023.   

Como contribución a este debate, desde Finresp consideramos que disponer de una definición consensuada, comprensible y basada en criterios científicos que clarifique qué inversiones pueden considerarse sostenibles, es una premisa inexcusable para la conformación de un marco y unas reglas de juego que aporten seguridad jurídica, credibilidad y transparencia.

Una primera dificultad en este sentido ha surgido a raíz de la extensa agenda regulatoria dictada en los últimos años (y que se encuentra aún lejos de completarse). El concepto de la sostenibilidad (o, más precisamente, de la inversión sostenible) ha sido abordado desde distintos prismas: la transparencia, la comercialización de productos o el reporting, entre otros. En cada uno de ellos se ha partido de premisas diferentes, lo que se ha traducido en inevitables matices en las definiciones y los tratamientos regulatorios, que están impidiendo a día de hoy contar con un concepto unificado y plenamente coherente del fenómeno. Una contribución decisiva a favor de una visión armonizada se encuentra en la elaboración de taxonomías. El pilar ambiental es el que ha avanzado con más rapidez, aunque esta taxonomía aún no se encuentra plenamente consolidada, pues no en vano se trata de un marco "vivo", abierto a nuevas actividades y a la revisión continua de sus criterios técnicos de selección. En el caso del pilar social, las taxonomías aún se encuentran por determinar y no se esperan a medio plazo. 

Otro aspecto es la disponibilidad de datos de calidad. La Directiva sobre información no financiera ha supuesto un avance considerable en este apartado. No obstante, aún se aprecia margen de mejora en la armonización de normas de información y metodologías de cálculo para determinados indicadores. Confiamos en que la nueva Directiva de informes de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y las normas propuestas por EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) permitan avanzar en transparencia y comparabilidad.

Al sector le corresponde la canalización de recursos hacia actividades sostenibles. Esta transversalidad en la economía podría inducir a atribuirle un papel de supervisión, exigiéndole una especie de rol de "policía verde" que excede de sus funciones. La responsabilidad jurídica de la información que se transmite al mercado debe focalizarse en la contraparte en cuestión, aquella que tiene capacidad de gestión directa sobre los aspectos ESG.

A pesar de estas dificultades en el sector financiero somos muy conscientes de que el riesgo de ecoblanqueo existe y nos perjudica. Por ello trabajamos en la implementación de un sistema de finanzas sostenibles en un tiempo récord, aportando a la transición una gran cantidad de recursos humanos y tecnológicos. Paralelamente a los trabajos de cada una de las entidades, se han incrementado las alianzas, encaminadas a establecer metodologías comunes (taxonomías propias y sectoriales), esto es una definición en positivo de lo sostenible. Este es uno de los objetivos que promovemos desde Finresp. Comprendemos la criticidad del sector para asegurar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y por ello promovemos la identificación de las mejores prácticas para colocar a España en la vanguardia de las finanzas verdes y sostenibles.

Antonio Romero es miembro del comité ejecutivo de Finresp.
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