
Ferrovial está más cerca de llevar a cabo sus intenciones de marcharse a Países Bajos tras la celebración de la Junta General de Accionistas, a pesar de las presiones crecientes del Gobierno por frenar la operación en los días previos a la reunión de inversores. Solo un 4,47% del capital social de la compañía votó en contra de que la firma de Ferrovial de Países Bajos absorba a la española, y de ese porcentaje, el grueso del capital (4,2%) es de Leopoldo del Pino, quien presumiblemente no venderá sus acciones, dando vía libre a la fusión.
El Ejecutivo, desde que se conoció el plan de la empresa, ha mostrado una actuación contradictoria al poner, por un lado, trabas a la salida (Hacienda aceleró la transposición del impuesto mínimo del 15% para gravar a filiales de grupos con baja tributación) y, por otro lado, al aprobar un anteproyecto de ley para eliminar restricciones a la libertad de establecimiento de las sociedades dentro de la Unión Europea. Mientras amenaza fiscalmente a Ferrovial, justifica que las fusiones son parte del ciclo vital de las empresas.
Del Pino, ante los accionistas, defendió que la reorganización societaria de la compañía "se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea". Ahora, y a pesar del choque mantenido con el Gobierno, que llegó a amenazar a la compañía con un millonario castigo fiscal, Ferrovial está más cerca de cumplir con sus objetivos marcados. Lo contrario, acrecentaría la inseguridad jurídica en el país, vulneraría la soberanía de la Junta General de Accionistas y confrontaría con la libertad de establecimiento que promueve Bruselas, avalada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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