Madrid
No pasaron ni un par de horas tras conocerse la aprobación de la junta de accionistas de Ferrovial a su cambio de sede societaria y varios ministros del Gobierno y miembros de la oposición ya habían salido al paso. El más duro de todos fue el titular de la cartera de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien se pronunció horas antes de la celebración del histórico cónclave. El ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendió la postura del Gobierno de revisar que el traslado social de Ferrovial a Países Bajos cumpla los requisitos.
"Lo que el Gobierno ha hecho es simplemente alertar de que cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado. Habrá que revisar si se cumplen las condiciones", dijo a la prensa en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también fue contundente en su respuesta a la cotizada española, cuya decisión de irse a Países Bajos fue tachada de "inaceptable". En un mensaje lanzado a través de sus redes sociales, Díaz añadió que las compañías "tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica".
Poco después y con un tono más neutro llegó la reacción del Ministerio de Asuntos Económicos, que se limitó a trasladar su respeto a la decisión adoptada y asegurar que trabaja para atraer inversión y favorecer que las empresas en España puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde el país "en las mejores condiciones posibles".
Desde el ministerio controlado por Unidas Podemos, Ione Belarra, titular de la cartera de Derechos Sociales y secretaria general de la formación morada , aprovechó para pedir explicaciones a sus socios de Gobierno. Tenían que "mucho más contundentes" con Ferrovial porque "el Estado, cuando quiere, normalmente puede" presionar a las empresas para que no actúen contra los intereses del país.
Ferrovial, en su opinión, "se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España", lo cual "es reírse a la cara de los españoles y las españolas que con su dinero, con el dinero de sus impuestos, con dinero público, dieron ayudas" a la empresa durante la epidemia de covid de forma que "ésta se mantuvo a flote".
Bronca política
La mudanza de la constructora sirvió nuevamente como arma arrojadiza. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció "señalamiento" y explicó que si gana las elecciones se centrará en conseguir que cualquier empresa tenga "motivos" para quedarse en España.
En el mismo sentido se pronunció el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien aseguró que su formación creará un "ecosistema atractivo para las empresas". A su entender, hay que dar "razones" a las compañías para que sigan en el país. "El Gobierno debería dejar presionar a empresas como Ferrovial por querer irse de España, y empezar a trabajar para darles razones para quedarse".
