El ministro Escrivá sacará adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones tras el acuerdo entre PSOE y Podemos, que cuenta con el visto bueno de los sindicatos y Bruselas, pero no de los empresarios. Una posición lógica de las patronales ante una normativa que fía por completo la sostenibilidad del sistema al incremento de los ingresos obviando el capítulo de los gastos.
Así lo confirma el hecho de que se haya obviado la pretensión inicial de alargar el cómputo de cálculo hasta los 30 años para mantenerlo en 25, ampliándolo sólo hasta los 27 años si compensa al trabajador. Un cambio que reduce el impacto en los desembolsos hasta la insignificancia y obliga a Escrivá a financiar las futuras pensiones con un aumento de las cotizaciones que afectará a las empresas y a los trabajadores.
Con todo, el mayor golpe lo recibirán los sueldos más altos, con iniciativas como el destope progresivo de las bases máximas, desde los actuales 54.000 euros al año, y con una "cuota de solidaridad" para la parte del salario que no cotiza por superar el ya citado tope máximo. Unas medidas que gravarán un 6% más a los sueldos altos de 2025 a 2045. Un mayor castigo a los que más cobran que además será inútil en una reforma condenada al fracaso, al ser insuficiente para revertir el desequilibrio de un sistema que tras la jubilación de la generación del baby boom y la decisión de indexar las pensiones al IPC se enfrenta a un agujero de 54.000 millones en 2050. Pero por si fuera poco, añade problemas nuevos, ya que el mayor esfuerzo en aportaciones que se pide a los trabajadores que más dinero perciben desincentiva la permanencia de los empleados más cualificados, lo que frena la capacidad del país para atraer talento e inversiones.
