El presidente del Gobierno y algunos ministros hacen uso del poder con arrogancia y cierta dosis de matonismo arremetiendo contra los empresarios con cualquier excusa. No lo justifica que las acometidas más frecuentes procedan de quienes han pasado de ser dirigentes de una ONG o de portar una pancarta, a un despacho en el que se diseña el destino de la cuarta economía del euro; o de ser concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid a presidir el gobierno, porque es algo premeditado. El populismo se comporta así cuando los ciudadanos descubren la inoperancia de sus políticas y la falsedad de sus relatos: sostener un discurso les resulta más sencillo que afrontar la realidad y hacer propaganda más fácil que resolver problemas. Primero hacen una condena general a los "poderosos", "a los bancos", "a los fondos buitres", "a los de arriba" y, si las encuestas aprietan, concretan al "reo" en empresas o en sus accionistas más relevantes con nombres y apellidos, resultándoles indiferente si es el presidente de Mercadona, el de Inditex o la presidenta del Banco de Santander.
Todo vale con el propósito de encontrar un chivo expiatorio, incluso llevarse por delante la reputación del país o la buena imagen de algunas de nuestras más importantes multinacionales. Ni siquiera les importa que, por ejemplo, Mercadona tenga 98.161 trabajadores, pague por el Impuesto de Sociedades 342 millones de euros, 395 por IRPF, recaude 333 por IVA y abone por cotizaciones sociales 787 millones de euros. El populismo, que campa a sus anchas incluso en boca del presidente del gobierno, cree que acometer contra las empresas es el camino para terminar con la pobreza, en lugar de pensar que, para hacerlo, es mejor facilitar que haya muchas, generando una buena atmósfera para invertir, seguridad jurídica e impuestos eficientes, exactamente lo contrario a lo que hacen con el discurso y la política que componen, que acaba de provocar el traslado de la sede social de Ferrovial a otro país.
El populismo es incapaz de reconocer que sus políticas fallan y no resuelven los problemas de las familias españolas, sencillamente, porque han elegido un camino equivocado. Dan al Estado cada vez más espacio y empequeñecen, cuando no difaman, al sector privado. Al mismo tiempo, enarbolan un discurso triunfalista basado en datos que tienen detrás juegos estadísticos, como en el caso de las cifras de paro con los fijos discontinuos, o el gasto público, que puede alejar los problemas, pero que no los resuelve sino que, en muchos casos, los agrava. Olvidan que el sostenimiento del sector público solo es posible con uno privado generador de riqueza. Posiblemente, en un modelo de crecimiento basado en el gasto público puede encontrarse uno de los motivos para explicar, que seamos el único país de la UE sin alcanzar el nivel de PIB previo a la pandemia, y que esto suceda después de haber incrementado nuestro nivel de deuda sobre PIB desde 2019 el doble de la media de la Unión a 27, sin que quepa utilizar como aval para esta subida los problemas derivados del Covid, porque nuestro socios también se enfrentaron al mismo. España ha acumulado 75.000 millones de euros más de deuda durante el año 2022. Ni siquiera el record de recaudación tributaria alcanzado con 33.731 millones de euros más que en 2021 ha servido para cubrir la vorágine de gasto en la que está el gobierno desde junio de 2018 y que ha hecho que supere ya el 50% del PIB. Por eso, su crecimiento del 0,2% en el último trimestre de 2022 se explica por el aumento del gasto público, mientras caían el 1,8% y el 1,2% el consumo de las familias y la inversión privada respectivamente.
Detrás de estos últimos datos está el deterioro del sector empresarial privado, el menor número de empresas creadas en 2022 respecto al año anterior y, en peor medida, el incremento en las disoluciones y en los concursos de acreedores, que se acelera a partir de fin de la moratoria concursal del último mes de julio, alcanzando la cifra de 7.272 concursos, la más alta de los últimos 10 años. Algo parecido podemos decir del número de autónomos, que cerró 2022 con 1.204 menos que con los que empezó, lo que constituye el peor dato desde 2012.
El mayor protagonismo del sector público tampoco resuelve la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos las familias españolas, que se ha reducido desde 2019 un 7,8%, mientras que en el resto de los países de la OCDE crece un 1,9%. De hecho, acumulamos una inflación del 12,4% y en el caso de los alimentos ese valor llega al 21,9%, que es uno de los grupos de bienes a los que los ciudadanos dedican mas renta. Todo ello, sin que las medidas propuestas por el gobierno sean de utilidad para resolver este drama que sufren las familias españolas, de hecho, el indicador adelantado del mes de febrero lleva la inflación al 6,1%, la subyacente al 7,7% y los comestibles y las bebidas cerraron enero con un 15,4%.
Este tipo de política no resuelve problemas como vengo indicando, pero muestra el camino de la insostenibilidad cuando se hace referencia a que 16.937.600 empleados del sector privado, según la EPA del cuarto trimestre, tienen que pagar impuestos y cotizaciones sociales para atender más de trece millones y medio de sueldos públicos (pensiones y salarios).
En definitiva, esta política económica errada e insostenible es la razón del fracaso del populismo que gobierna y su inoperancia no se resuelve por mucho que insulten, todo lo contrario.
