
A raíz del traslado a Holanda de la sede de Ferrovial se ha generado una reacción histérica por parte de nuestro Gobierno criticando esta decisión con dureza. Debemos analizar esta decisión con cierta objetividad.
Europa es un mercado único y posee una moneda común. Lentamente se encamina hacia un solo espacio económico, social y tributario, limitando la autonomía de los diferentes países que la integran, pero todavía cada Estado posee capacidad normativa y puede diferenciarse de otro en múltiples áreas, una de ellas la fiscal.
Las empresas multinacionales poseen unas dimensiones que sobrepasan el poder de cada uno de los gobiernos europeos y toman decisiones en función de sus intereses particulares en cada momento. Por definición la empresa tiende a crecer y a obtener el mayor beneficio posible, y si carece de estos objetivos básicos a corto o medio plazo desaparece.
Como consecuencia, la multinacional, en su desarrollo, supera la potestad de cada uno de los estados donde desarrolla su actividad y esquiva sus normas en su propio beneficio.
El capitalismo y la globalización han generado empresas con un enorme poder, en muchos casos muy superior a muchos estados. Este fenómeno, el crecimiento exponencial de las multinacionales, es una realidad que debe abordarse también a nivel global ya que como vemos, supera el ámbito de cualquier país.
En el caso de que los gobiernos no asuman como problema este fenómeno y lo consideren como un tema individual de cada país, siempre se encontrarán resquicios por los que caminarán estas grandes empresas. También determinados países aprovecharán la falta de políticas unificadas para desarrollar fiscalidades laxas con el fin de atraer capitales y empresas del mundo entero.
Este fenómeno no es reciente, pero hace años eran pocas las multinacionales a nivel global. Hoy existen infinidad de empresas que pueden definirse con este nombre y llama la atención el hecho de que los países europeos, con Bruselas al frente, no estudien y legislen para ordenar este sector de la economía cada vez más potente.
Es posible que existan enormes intereses de todo tipo que frenen una política que regule este ámbito. Intereses de las propias multinacionales que inundan de beneficios atípicos a países, políticos, ciudades y partidos y debido a ello, paralizan o frenan cualquier iniciativa ordenancista.
En aras de la libertad de mercado no pueden prohibirse traslados de domicilios sociales, pero sí que pueden estudiarse e implementarse sistemas fiscales que no perjudiquen a los estados en los que actúan estas multinacionales dejando de ingresar los impuestos que pudieran corresponderles.
Un sistema fiscal que podría estudiarse consistiría en que estas grandes empresas transfronterizas pagaran en cada uno de los países en los que obtienen beneficios una parte proporcional equivalente a ellos. De este modo, todos los países donde actúa mercantilmente la gran empresa se beneficiarían directamente de la actividad mercantil que se desarrollara en su país, y no solamente el país en el que reside su sede social.
Como hemos indicado, existen tan enormes intereses creados que cualquier modificación fiscal en este sentido requiere de grandes esfuerzos políticos que convierten en casi irrealizable cualquier cambio. No obstante, es tan evidente el gran beneficio que obtienen estas grandes empresas, eludiendo el pago de impuestos al poderse acoger a la libertad de mercado, que los estados deberán ponerse de acuerdo en implantar una nueva política fiscal equitativa.
En el caso de que no lo consigan, los paraísos fiscales, cada vez en mayor medida, serán los grandes beneficiados de los inmensos ingresos que generan estas multinacionales, y el resto de los países solamente se convertirán en mercados de los que extraer estos beneficios sin obtener nada a cambio.
Esta disquisición es también aplicable al gran capital apátrida y nómada, siempre pendiente de aquel lugar donde se le ofrece menor fiscalidad y mayor seguridad para depositar sus capitales.
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