¿Qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio? Lo obvio, en este caso, son los empresarios. La empresa. La iniciativa privada. Lo obvio es que son los empresarios los que generan empleo y riqueza en un país, y que la obligación de cualquier gobernante es propiciar las condiciones necesarias para que las empresas puedan desenvolverse adecuadamente. Y sin embargo, asistimos a una campaña de ataques directos del Gobierno a los empresarios españoles, incluso por parte del presidente Pedro Sánchez, que han encendido ya todas las alarmas.
La polémica generada por las acusaciones de Sánchez no son sino una parte de la escalada verbal emprendida anteriormente por miembros del ejecutivo contra empresarios del sector de la gran distribución, señalándolos con nombre y apellidos.
Y todo acompañado de medidas legislativas que atacan a las empresas, como impuestos a las energéticas y la banca o a las grandes fortunas. Es un juego peligroso, cortoplacista. No se están lanzando mensajes tranquilizadores para la inversión. Y el dinero es cobarde: huye de la inestabilidad, de la ocurrencia y de la crispación, y busca espacios de seguridad, estabilidad y confianza.
De fondo hay una demonización de la empresa. De lo privado. Que el Gobierno andaluz dé luz verde a nuevas universidades privadas -que no suponen perjuicio alguno para la financiación de la universidad pública, sino que vienen a enriquecer la oferta sometiéndose además a todos los controles administrativos en cuanto a calidad- levanta ampollas y reacciones adversas en algunos sectores. Que se regulen precios de servicios sanitarios que pueden ser concertados si los medios públicos no alcanzan a atender la demanda es motivo de escándalo. En ninguno de estos casos se está cuestionando si el servicio público, universal, al que se acceda en igualdad de condiciones, queda más o menos protegido con estas medidas. Con que sólo se intuya la presencia de lo privado, se rechaza.
La mejor manera de proteger los servicios públicos es propiciando la creación de empleo y riqueza, ya que favorece que todos los ciudadanos contribuyan en la medida de sus posibilidades a la financiación del Estado del Bienestar. El dogma de lo público como sinónimo de gratuito es una falacia. Gratis es que paga otro. Y no se puede garantizar la sostenibilidad de la sanidad, la educación o la protección social en los niveles de calidad que la sociedad exige sin proteger su financiación. Machacar a las empresas, exprimir con impuestos a los ciudadanos, seguramente, no sea el mejor camino para ello. Andalucía es precisamente un buen ejemplo de cómo se puede incrementar la recaudación, y por tanto el dinero disponible para servicios básicos, bajando impuestos. Y creando un clima propicio para las empresas.
La situación es tan disparatada que una obviedad en un discurso del rey Felipe VI acapara titulares. Dijo que los empresarios crean empleo y riqueza. Ningún descubrimiento. Pero parece que en estos tiempos hay que volver a defender lo obvio.