Los últimos datos de la Intervención General del Estado (cerrados el día 1 de este mes) muestran cómo los pagos liberados con cargo a los fondos europeos Next Generation apenas llegan al 30% (8.200 millones de euros en términos absolutos) de lo que se presupuestó para el conjunto de 2022.
Además, según los cálculos de CEOE, todo apunta a que los recursos efectivos que se encuentran en manos de las empresas suman una cuantía aún más reducida: en torno a 3.000 millones. Sería ilusorio esperar una corrección muy significativa de estas cifras en el mes de diciembre que está a punto de terminar. Por ello, resulta ya posible hablar de otro año decepcionante en lo que a la puesta en marcha de este tipo de fondos se refiere. En 2021 el grado de ejecución quedó en el 45,5%, pero el Gobierno pudo alegar el muy escaso plazo de tiempo con el que pudo trabajar. De hecho, Bruselas demoró la liberación de las transferencias hasta bien entrado el verano. En 2022, por el contrario este obstáculo ya no se planteaba y el Ejecutivo aseguró que toda estaba listo para que el reparto de los Next Gen alcanzara la "velocidad de crucero", en palabras de la vicepresidenta Calviño. No ha sido así lo que evidencia el problema que sigue planteando la excesiva burocratización de las licitaciones, no solo en lo que respecta al Estado sino también a las comunidades autónomas. Resulta urgente poner fin a esta situación no sólo porque en 2023 España recibirá más ayudas anticrisis procedentes de Bruselas (ahora también en forma de créditos). Además, el impulso de los Next Generation resulta especialmente valioso para impulsar la inversión y evitar que la desaceleración del PIB español sea más intensa de lo previsto.
