El tercer plan antiinflación del Gobierno tiene un coste notablemente más reducido que los dos anteriores. Esa comparativa, no obstante, debe matizarse ya que el desembolso de 10.000 millones de la nueva batería de medidas se concentra en seis meses. Es más, su extensión al conjunto del ejercicio, muy previsible en un super-año electoral como será 2023, supondría duplicar esa cifra y borrar los casi 17.500 millones de recaudación fiscal extra que el Gobierno ha previsto. Ese pronóstico, por otro lado, tiene visos de resultar muy optimista en un ejercicio en el que el PIB desacelerará hasta el entorno del 1%, frente al 2,1% sobre el que se elaboraron los Presupuestos del Estado. El cumplimiento del objetivo de reducción del déficit para 2023 se encuentra así seriamente comprometido.
