Este gobierno parece que cada día se supera a sí mismo en hacerlo peor. Si la economía ya lo tienen bastante mal lo que menos se necesita es una grave inseguridad jurídica, una inseguridad que parece haberse instalado y agudizado en nuestro país y no tiene tinte de remitir.
No es una afirmación gratuita la anterior, los datos de inversión extranjera en nuestra país demuestran que es cierto lo que he comentado anteriormente. De acuerdo con la última información que se va conociendo, durante el tercer trimestre de este 2022 el flujo de capital extranjero ha retrocedido a las cifras de 2017. En este penúltimo trimestre del año la caída registrado asciende a un 15,6% sobre el mismo periodo del año anterior, concretamente 636 millones menos al registrase un saldo de 3.432 millones de euros. El desplome no es por casualidad, coincide con el anuncio de nuestro ejecutivo en aprobar un recargo temporal de los impuestos al sector energético y bancario. No creo que haga falta decir que sin inversión y sin llegada de capital extranjero se frena enormemente la actividad económica.
Este es el último dato conocido en esta semana pero ha habido más miga aún en el terreno jurídico, también de máxima gravedad. Todavía tenemos coleando el ataque del Gobierno a Tribunal Constitucional, algo que ha llevado a Bruselas a dar un severo toque de atención sobre este tema dando la razón a la posición esgrimida por el Tribunal Constitucional. Pero no ha sido la única, con una diferencia de tan solo dos días, el Comisario de Justicia Europea apremiaba a renovar el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, para de esta forma acomodar posteriormente el procedimiento para nombrar a los vocales que lo integran a los cánones que desde Europa imperan. La imagen ofrecida por nuestro país es muy triste y deplorable, desde luego tendrá consecuencias también entre los inversores extranjeros a la hora de evaluarnos y hacer de España un país amigable en el trato a los inversores.
Pero no solamente son palos en la rueda de la inversión, también se lo ponen muy difícil a las empresas y a los autónomos del país, algo de lo que en su momento alertó este periódico ya en marzo de 2021. En aquel artículo se destacaba que debido al marasmo que supone las competencias del gobierno central y los autonómicos, así como las modificaciones e improvisaciones legislativas impedían la planificación para empresas y autónomos. Cabe recordar y señalar que la mayor parte de nuestro sistema productivo se centra precisamente en las pymes, micropymes y autónomos.
Tenemos además que sumar al carro otras medidas como por ejemplo la legislación sobre los alquileres, la cuales influyen en multitud de pequeños propietarios de pisos que los alquilan. El anuncio de esta iniciativa ha llevado a una escasez de vivienda en alquiler, también a que muchos propietarios no hayan o no vayan a renovar los contratos vigentes o a un aumento de las rentas a pagar por los inquilinos. Abre además la puerta, el tope a la subida de los mismos, a una mayor economía sumergida de la que ya hay en este tema. Otro despropósito en toda regla que afecta a muchos pequeños arrendadores, conocido es que mucha de la riqueza de las familias proviene precisamente de la inversión que realizan en los inmuebles para posteriormente rentabilizarlo a través de alquilarlos.
Por otra parte tenemos el uso y abuso de los Reales Decretos para legislar. Como saben los Reales Decretos Ley son aprobados por el Gobierno, no por el Parlamento que es donde se debaten y aprueban las leyes. Estas figura, los Reales Decretos, se contemplan para casos de urgente necesidad, sin embargo no pueden ser la base regulatoria de materias reservadas a las leyes orgánicas.
Hay que referirse también a las constantes diferencias entre los dos socios del gobierno, donde el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos tienen constantes refriegas y discrepancias. Desde el socio mayoritario del mismo se anuncian una serie de medidas, la cuales no coinciden con lo que luego posteriormente nos dice el partido morado. Parece que no hay nadie que pueda coordinar un mensaje único para saber qué se va a legislar y cómo. Vemos que nuestro gobierno va como pollo sin cabeza, constantemente improvisando y modificando el mensaje que se lanza en un primer momento.
De una forma desordenada, pero bastante ilustrativa he comentado brevemente la enorme inseguridad legislativa que en este momento tenemos en España. Las grandes empresas han visto como se les intenta cargar sobre ellas, con medidas impositivas, las consecuencias de una crisis que ellas no han generado. Las pequeñas empresas y los autónomos se encuentran también con un aumento de la imposición fiscal, agravando además su situación por la imposibilidad de planificar la toma de decisiones. Pequeños ahorradores, en el caso del alquiler, que no saben si llevar a cabo la compra de viviendas para alquiler y aquellos que ya las tienen se encuentran con innumerables incertidumbres. No hablemos ya de grandes patrimonios donde las medidas, muchas de castigo, están llevando a sacar su patrimonio del país o al menos el estudio de cómo realizarlo. Sumen a todo ello que los inversores extranjeros frenan sus inversiones ante las decisiones que se van tomando y diseñando.
La economía necesita un marco legal estable, con una seguridad jurídica. Sin este marco las decisiones económicas se frenan lo que causa un enorme destrozo al crecimiento económico. Llega además en un momento donde precisamente más orden y seguridad se requiere por la complicada situación económica a nivel mundial. Me atrevería a decir que no se puede hacer peor, sin embargo la realidad me demuestra todo lo contrario.
