Este fin de año es también el fin del sistema de Seguridad Social que tenía por objetivo la protección social. Porque ahora, el sistema de pensiones va a ser reformado del peor modo posible y con perjuicio de su sostenibilidad. El gobierno retocará el sistema para ofrecer a Bruselas una reforma con la que poder recibir los fondos europeos todavía pendientes. Pero también reformará el sistema para instrumentalizarlo políticamente, es decir, como propaganda política y electoral, a pesar de que ello perjudica al propio sistema, a los trabajadores y a los futuros pensionistas con recortes y parches de coyuntura.
Con la subida de las prestaciones de acuerdo con el incremento del IPC, el gobierno no hace más que propaganda política, en vez de política social real. Los pensionistas van a recibir de los asalariados, que es de donde salen los ingresos de los jubilados, un 8,5% de incremento. Es decir, los trabajadores no podrán pagar sus compromisos hipotecarios o sus necesidades de consumo, pero van a pagar la mayor alza de pensiones que haya habido nunca. Una parte muy importante del sueldo -sin incremento y mileurista- de muchos trabajadores va a ser transferida a los mayores en forma de pensión. Y se da el caso de que los activos con menores ingresos que los pensionistas van a sufragar el incremento de pensiones con cuantía superior a sus propios sueldos.
Más que una perversidad, es un desatino económico y social que invierte el esquema tradicional de redistribución de la renta. La seguridad Social ha sido hasta ahora un importante medio de redistribución de rentas al transferir una parte razonable de las rentas de los activos a las pensiones. Pero ahora, los activos con menos recursos que muchos pensionistas, van a sufragar pensiones más altas que sus propios salarios. Porque los sueldos medios están por debajo de la pensión media.
Pero, además, para pagar la fiesta, el sistema dejará de ser contributivo, perderá la relación entre lo aportado mediante cotizaciones a lo largo de la vida laboral y lo que se percibe en forma de pensiones. Porque el ministro Escrivá ha anunciado que elevará las cotizaciones sociales de todos los trabajadores y a su vez, destopará las bases máximas de cotización pero -esta es la clave- sin incrementar la pensión máxima en la misma proporción. Es decir, que meterá mucho la mano en el bolsillo de todos los activos y pondrá poco en las pensiones de los pasivos. Una especie de "toma el dinero y corre". A lo que hay que añadir que alargará el periodo de cómputo de la base reguladora de las pensiones hasta 30 años, aunque lo maquilla con la inane idea de que se puedan descartar los dos peores años en términos de cotización.
Se trata, por tanto, de pagar mucho más para recibir mucho menos. Sin embargo, la reforma estructural del sistema sigue pendiente. El análisis científico y riguroso que pueden hacer los expertos y los técnicos es en este momento como la quinta rueda del carro, algo que ni está ni se le espera. Porque la reforma del sistema de pensiones está empapada de propaganda política, de parches, de desajustes fragmentarios que no vaticinan un pronóstico saludable de las cuentas de la protección social.
Escrivá, además, recurrirá al decreto-ley para perpetrar sus reformas, sin someterlas al necesario debate público. Ninguna reforma de calado en Seguridad Social se ha hecho sin ese debate necesario de la sociedad, porque es la sociedad la que debe ocuparse de su propia forma de subvenir las necesidades de los pensionistas y no la caprichosa e interesada decisión personal de un gobierno que, como se sabe, solo piensa en su prórroga política y en el uso florido de toda clase de mentiras.
