Todas las valoraciones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que se han realizado desde distintas instituciones, con independencia de su carácter público o privado, nacional o internacional, cuestionan el cuadro macroeconómico con el que se presentaron. Reducen el crecimiento del PIB previsto, incrementan la inflación esperada, subrayan las inconsistencias que se derivan de ello y el escaso rigor a la hora de hacer las previsiones de ingresos y gastos. En general, puede decirse que estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del populismo por creer que los problemas de los españoles solo se solucionan gastando más y no gastando mejor. Una ofuscación que tiene su equivalencia en el lado de los ingresos: no se gobierna con lo que se recauda, sino que se gobierna para recaudar.
El problema es que ese incremento del gasto suele terminar con déficit, incluido el estructural que no deja de aumentar, y con la deuda como está, en niveles históricos de casi 1,5 billones de euros. Por hacernos una idea, de acuerdo con el presupuesto presentado gastaremos 51.000M€ más de los que ingresamos, con lo que desde 2020 habremos acumulado un hueco fiscal de 340.000M€. El Banco de España ha advertido que se están asumiendo gastos estructurales sobre la base de un incremento en la recaudación que es coyuntural, como sucedió en momentos previos a la crisis financiera y la AIReF que los presupuestos no contemplan 21.500 M€ para prorrogar el paquete de medidas destinados a paliar los efectos de la inflación, aunque se consideran en uno de los escenario del Plan Presupuestario enviado a Bruselas, lo que tendrá consecuencias negativas en el déficit.
Son unos presupuestos contra las clases medias y las empresas o, en otros términos, contra la creación de empleo. Así, si consideramos clase media a los 3,5 millones de contribuyentes que declaran la renta media de las liquidaciones de IRPF presentadas en 2020, que asciende a 26.503 €/año según publica la agencia tributaria, podemos decir que representan el 16% de los sujetos a este tributo y que no recibirán beneficio fiscal alguno. Más bien al contrario, se verán perjudicados por la llamada "progresividad en frío", es decir, por la subida de impuestos derivada de la inflación, lo que es especialmente lacerante en un entorno en el que han perdido un 20% del poder adquisitivo como consecuencia de la subida de precios.
Sin embargo, la OCDE entiende por clase media la constituida por aquellos individuos que perciben entre un 75 y un 200 por 100 de la renta media del país que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida que publica el INE, se sitúa en 30.500 euros. De esta forma, clase media serían aquellos individuos que perciben una renta entre 22.875 y 61.000 euros que, en nuestro caso, son más de 7,5 millones, un 35 por 100 de los 21 millones de contribuyentes con datos de 2020. Pues bien, como en el supuesto anterior, ninguno de ellos conocerá otro impacto en sus declaraciones que la subida de impuestos como consecuencia de la inflación, cuando son, además, los que contribuyen en más del 50% de los gastos y han perdido una quinta parte de su poder de compra en los últimos años.
Pero como se señalaba, estos son unos Presupuestos Generales del Estado que no solo dañan a las clases medias, también lo hacen a las empresas y, por tanto, al empleo, al elevar los costes aparejados al mismo. No tiene ningún sentido que en un momento en el que las empresas remontan las dificultades derivadas de la pandemia y de los cuellos de botellas de las materias primas, en el que se pronostica la recesión, en el que se aplaza recuperar los datos de PIB previo al COVID hasta el 2024 y en el que suben los costes financieros, energéticos y fiscales, se insista en esa dirección subiendo más de un 9% las bases de cotización de los salarios a partir de 40.000 euros. Pero lo dramático es que esto no es un hecho aislado, sino que se une a la subida de más de un 11% de los últimos años y a la de más de un 50% que se ha realizado en las mínimas. En pocas palabras, y con los datos de la última EPA, nunca es aconsejable incrementar los costes al empleo, ahora, menos.
Nos llevan en la dirección equivocada, porque lo que se debe hacer es bajar la carga fiscal de empresas y familias. No es cierto el argumento de que eso fue lo propuesto por el Plan Fiscal de la ex primera ministra británica Liz Truss al que los inversores le dieron la espalda. La respuesta del mercado no fue la consecuencia de la bajada de impuestos que contenía, sino del incremento del gasto previsto para subvencionar el coste de la electricidad y del gas durante dos años, con cargo a un incremento de deuda.
Este es el momento de unos presupuestos que, a diferencia de los presentados, sean realistas, diseñen una política fiscal e incentiven una política económica para el crecimiento que atienda especialmente a los más vulnerables a la subida de precios, como se han encargado de señalar todas las instituciones independientes que se han pronunciado sobre los mismos, porque hay que superar estas formas de presupuestar que solo piensa en gastar, cobrar impuestos y aguantar un día más en el gobierno, aunque sea a costa del interés general.
