El endeudamiento amenaza con tumbar la marcha de la economía española. El Informe de Estabilidad Financiera de otoño del Banco de España advierte del peligro de que la deriva del desequilibrio presupuestario desemboque en una situación similar a la vivida hace meses por la economía británica. "La elevada incertidumbre actual podría aumentar la aversión al riesgo en los mercados financieros", apunta el documento.
El proceso de normalización monetaria iniciado por el Banco Central Europeo (BCE) marcó un hito. El fin del programa de compras decretado por los de Christine Lagarde el pasado mes de julio, puso punto y final a la dulce etapa postpandemia. Desde entonces, el Estado ha tenido que incrementar los gastos de los intereses a lo largo del año hasta los 4.000 millones de euros, según dijo Pablo Hernández de Cos, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados celebrada en octubre.
Las cosas podrían ir a peor si la autoridad monetaria no consigue domar el alza de los precios. Lo ocurrido en Reino Unido marcó un peligroso precedente. Los mercados reaccionaron con dureza ante el paquete fiscal con el que la -ya- exprimera ministra, Liz Truss, pretendía atraer la inversión a las costas británicas. Los bonos se desplomaron y el interés de la deuda se disparó. La crisis se saldó con la dimisión de la premier, y la llegada de Rishi Sunak a Downing Street. Desde entonces, la sensibilidad de los mercados financieros internacionales se ha agudizado, y el foco se ha cerrado en torno al desvío del gasto público de diferentes países.
El foco sobre la deuda de España
Uno de ellos es España. A pesar de la caída leve del nivel de deuda pública registrada durante los últimos años, el Banco de España no prevé que baje del 110% hasta 2024. "Las expectativas de evolución del endeudamiento público en España siguen situándolo en niveles elevados en los próximos años", afirma el organismo.
"Hemos pasado años con tipos negativos y se han comprado activos financieros con apalancamiento, ahora suben los tipos y el BCE puede reducir el balance cuando los tipos alcancen su velocidad de crucero, esto puede dar lugar a un desastre financiero o a una crisis", afirma Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.
Para el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, esto supone una llamada de atención a las cuentas españolas que, pese a tener el respaldo del BCE, afrontan un debilitamiento por el endurecimiento de las condiciones. "España es el cuarto país con mayor deuda pública y uno de los que más déficit estructural tienen", indica.
Medidas temporales y focalizadas
El gran peligro -insiste el documento del Banco de España- es que la política fiscal siga disparando la deuda. La mayor parte de los organismos no han dejado de recomendar pulso quirúrgico a los gobiernos a la hora de plantear medidas con las que combatir a la inflación. El Informe de Estabilidad del BCE, volvió a insistir ayer en la necesidad de iniciativas "temporales" y muy focalizadas en los colectivos más vulnerables.
La intención es doble; por un lado, desincentivar el consumo de las rentas medias y altas para compensar el shock de la oferta, y por otro, evitar un incremento adicional del déficit público estructural. "La sostenibilidad de la deuda dependerá de la senda de ajuste del déficit, es importanmte reestablecer la confianza en el corto plazo", añade Torres.
Desde la institución que dirige Hernández de Cos recomiendan iniciar un proceso de consolidación fiscal que permita reducir de manera gradual los desequilibrios y ganar margen de maniobra para poder reaccionar ante "futuras perturbaciones". El Gobierno sigue de cerca el objetivo de estabilidad presupuestaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reafirmó el pasado 8 de noviembre el compromiso de España. "En 2021 llevamos a cabo la mayor reducción del déficit público de la historia, al cerrar en el 6,87% del PIB, 3,2 puntos menos que en 2020, dijo.
Los números presentados no cumplen las reglas fiscales trazadas por Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea planteó la pasada semana una flexibilidad de los objetivos. El ejecutivo comunitario propuso que cada Estado mantenga un horizonte propio de cuatro años ligado a sus particularidades, pero incluye un mecanismo de sanciones más ágil en caso de incumplimiento.
