Lejos de lo que Yolanda Díaz denuncia, el incremento de los precios de los alimentos no se debe a un aumento de los márgenes de la distribución, que permanecen en un ajustado 3%.
Es cierto que en el alza de la cesta de la compra sí pesan otros márgenes, pero son los de los intermediarios, debido a la incorrecta aplicación de las medidas contenidas en la ley de la cadena alimentaria. Pero eso no basta para explicar por qué la media de encarecimiento de los productos desde el campo al consumidor alcanza el 280%. De hecho, se dan casos tan sangrantes como el del ajo que en origen tiene un precio de 0,79 euros el kilo mientras que en destino alcanza casi los seis euros, con un alza del 648%. La razón de estos aumentos desorbitados está también en la docena de impuestos (IVA, electricidad, hidrocarburos, grandes establecimientos, etc.), que gravan la alimentación. Estas tasas permiten que las arcas públicas reciban sus particulares beneficios caídos del cielo por el alza de la inflación. Así lo refleja el incremento del 15% de los ingresos públicos en el año o los 279 millones que las administraciones recaudan solo por el IVA a los fertilizantes nitrogenados. Por si esta batería de tributos no fuera suficiente motivo para explicar el alza de los precios, la distribución encara en un año más de treinta nuevos costes regulatorios (impuesto a las bebidas azucaradas, puntos de recarga, etc.), que amenazan con incrementar aún más la cesta de la compra para el consumidor.
La distribución encara 30 nuevos costes regulatorios en un año que generarán un mayor incremento de los precios
En este contexto, la reducción o eliminación de algunos gravámenes o hacer cumplir la ley alimentaria son opciones más adecuadas para reducir los precios que los lesivos topes de precios por los que también aboga el ministro Alberto Garzón, y que generarían desabastecimientos.
