Vaya por delante que cualquier intervención del mercado es una medida equivocada. Supone una regresión en un Estado de Derecho, que destruye al sector privado, las inversiones y abre la puerta a nacionalizaciones y racionamientos de consecuencias nefastas.
Además es de escasa utilidad a la hora de frenar los precios. Así lo indica al menos el hecho de que el gas europeo haya escalada un 15% tras el cierre del gasoducto Nord Stream 1, pese a que Bruselas ya sopesa un tope del gas específico para los países más afectadas por el corte del suministro, como Alemania. España es un buen ejemplo del escaso impacto del intervencionismo, con medidas como el descuento a los carburantes, que no frenó la subida de los precios, o el límite a los alquileres, que los encareció. A pesar de ello, la grave crisis energética en el continente puede ser tenida en cuenta para tomar este tipo de medidas. Pero es fundamental que sean de carácter excepcional, limitadas en el tiempo y solo en el sector afectado. Por ello, la idea de extenderlas a otros ámbitos económicos, como plantea la vicepresidenta Yolanda Díaz con los alimentos es reprobable, porque habría que subvencionar su producción. La UE planteará el viernes una intervención del gas. Para empezar, se ha de evitar la discriminación entre países, lo que podría ocurrir ahora si finalmente Bruselas ciñe el tope a Alemania y el Este europeo.
Si se marca un precio que deje sin márgenes a los comercializadores, habrá que compensarlos con subvenciones
Pero además, se debe imponer un precio que permite a intermediarios y comercializadores tener un margen. En caso contrario habrá que recurrir a subvencionar la diferencia porque ningún 'trader' va a vender este hidrocarburo por debajo del precio de mercado. En una crisis larga como la que se avecina, el coste puede resultar muy oneroso ó inasumible.
