El comportamiento del paro registrado y de la creación de empleo en España el mes pasado merece calificarse de anómalo. Nunca en la actual serie estadística, iniciada hace veinte años, de la afiliación a la Seguridad Social se ha registrado un descenso al cierre de julio. Sin embargo, en el séptimo mes de 2022, el total de cotizantes se redujo en más de 7.300 personas. A ello se suma un aumento del desempleo en 3.230 individuos.
Para encontrar otro julio en el que el paro creciera es necesario retrotraerse a 2008, a las puertas de las crisis que llevaría a las recesiones de 2009 y 2012. A la hora de explicar lo ocurrido el mes pasado, resultan muy insatisfactorias las razones aducidas por el Gobierno, alegando que todo se debe al hecho de que este año la firma de los contratos de la temporada de verano se ha anticipado masivamente a junio.
El hipotético efecto adelanto no basta para comprender por qué se produjo una abrupta, y completamente inesperada, paralización de las contrataciones en la segunda mitad de julio. Un fenómeno tan súbito hace pensar en que las empresas tomaron entonces plena conciencia de la gravedad de la actual crisis y la están trasladando ya a la gestión de sus plantillas. Esos temores no se disiparán en el corto plazo. Todo lo contrario las incertidumbres que rodean al próximo otoño los afianzarán y amenazan con deteriorar de forma sistemática los indicadores de empleo, precisamente aquellos de los que el Gobierno más presume a la hora de defender la solidez de la recuperación económica.
Se plantea así el serio riesgo de que, al deterioro del crecimiento, el retraimiento de la actividad industrial y la constante alza del IPC, se sume en los próximos meses una destrucción de empleo que ahonde aún más la crisis.
